Los consejeros están llamados a dar luz verde a esta iniciativa, que contiene una batería de 250 medidas encaminadas a reforzar la protección de las víctimas y sus hijos menores de edad, así como la vigilancia de los maltratadores, y que cuenta con un presupuesto de 1.593 millones de euros.
Según explicó la propia Mato en sede parlamentaria el pasado mes de mayo, la estrategia, que habrá de recibir el visto bueno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y, finalmente, del Consejo de Ministros, incluye aportaciones de distintos ministerios, comunidades autónomas, Fiscalía, CGPJ, así como de las asociaciones de mujeres.
Se articulará en torno a los cuatro principales problemas: el silencio de las mujeres y su entorno, la necesidad de ofrecerles una respuesta personalizada, la atención a los grupos vulnerables y las otras formas de violencia contra la mujer (matrimonios forzados, mutilación genital y trata con fines de explotación sexual).
Así, prevé medidas diversas, como extender la medida de libertad vigilada a los delitos de violencia de género o articular un sistema de coordinación que permita constituir una "ventanilla única" a la que puedan acudir las víctimas de malos tratos.