"Ni podemos ni debemos olvidar los actos terroristas cometidos por la organización ETA. Por razones de justicia, de memoria, de fidelidad a la historia", ha subrayado en Granada, donde ha intervenido invitada a la novena edición del seminario que lleva el nombre de Luis Portero, el que fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que fue precisamente asesinado por ETA en Granada en octubre de 2000.
Durante la conferencia que ha impartido en el Colegio Mayor Albayzín, en un acto organizado por la Fundación Luis Portero, con el patrocinio de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Becerril ha considerado que "los hechos no se pueden borrar", y ha advertido de que el terrorismo no es un asunto que concierne sólo a quienes lo sufren, sino que "los españoles deben saber que el terrorismo en España ha perseguido acabar con la democracia, con el Estado de Derecho".
"La información sobre lo que ha supuesto el terrorismo y de cómo en España, por parte del Estado, se defienden los Derechos Humanos es imprescindible porque se dictan sentencias en instancias europeas que nos llenan de asombro", ha apuntado.
Por ello, Becerril ha apostado por reforzar la participación de las víctimas en foros internacionales como Naciones Unidas, el Consejo de Europa e instituciones de la Unión Europea, así como en los procesos judiciales en los que se traten asuntos relacionados con el terrorismo.
Para la Defensora del Pueblo "el reconocimiento de la historia hacia las víctimas no ha sido suficiente" y sería necesario que los historiadores contaran "la verdadera historia de estas décadas" e incluso "levantar un memorial que recuerde los años de tanto sufrimiento y que rinda homenaje a las víctimas".
En su discurso, también ha recordado que el Defensor del Pueblo ha formulado recomendaciones al Ministerio de Justicia para que el Estatuto de la Víctima incluya medidas como que las víctimas sean informadas de la celebración de las vistas que les afecten, que reciban información sobre como acceder al asesoramiento legal y servicios asistenciales, y puedan participar en el proceso penal y recurrir resoluciones de concesión de tercer grado y beneficios penitenciarios.