La solicitud se ha realizado a través de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no cumplen sus exigencias, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Bruselas considera que España ha autorizado este proyecto sin evaluar correctamente su impacto en los acuíferos, los hábitats naturales y las especies del espacio protegido de la sierra de Cazorla.
La comisión ya envió una carta de emplazamiento, primera etapa del expediente sancionador, el pasado 25 de marzo. Desde entonces, las autoridades españolas han fijado un límite provisional a la captación de agua, pero el Ejecutivo comunitario "no está convencido de que esta medida sea suficiente para proteger la zona".