Bruselas concluye que las ayudas son legales porque el GIB prevé varias salvaguardas para minimizar el riesgo de distorsión de la competencia en el mercado comunitario como es la exigencia de que las empresas que busquen financiación para proyectos demuestren que no han logrado obtener toda la financiación privada necesaria o se les ha rechazado préstamos y el hecho de que "hasta donde sea posible" la financiación del banco ecológico será adicional a la financiación privada y garantizará un marco equitativo para acceder a su financiación.
"Esto permitirá que proyectos ecológicos se materialicen a la vez que se minimizan los riesgos de distorsiones potenciales para la competencia", confirma el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
El objetivo del GIB, lanzado en 2010, es contribuir a reducir las emisiones de carbono en Reino Unido y sobre todo facilitar su transición a la economía verde, invirtiendo en proyectos innovadores y ecológicos, incluidos sistemas de captura y almacenamiento de carbono, la eficiencia energética no doméstica y promover la producción de energías renovables entre otros.