El ultimátum se envía a través de un dictamen motivado, en el que se advierte de que si el Gobierno español adopta en el plazo de dos meses las medidas exigidas, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
En concreto, el análisis de la legislación española revela defectos sobre la definición de los estándares de Edificios de Energía Casi Nula (EECN) y su aplicación.
De la misma forma, la Comisión Europea señala que las exenciones que incluye la normativa nacional sobrepasan las previstas por la directiva comunitaria.
La directiva en cuestión obliga a los Estados miembros a establecer requisitos mínimos de eficiencia energética para edificios nuevos y existentes, velar por la certificación de la eficiencia energética de los edificios y exigir la inspección regular de los sistemas de calefacción y aire acondicionado.
Además, exige a los Gobiernos que, para 2021, garanticen que todos los edificios nuevos sean de consumo de energía casi nulo.