"La Comisión apoyará a la OLAF o a cualquier otra administración competente en caso de que decidieran abrir una investigación que ayude a esclarecer los hechos", ha asegurado el comisario español, que ha evitado responder así a la pregunta de si durante su gestión como ministro fue consciente o no de las irregularidades.
La Audiencia Nacional lanzó una investigación en enero por posibles adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos a una decena de empresas. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente confirmó que el exministro mantuvo una reunión con representantes de FCC respecto a la desaladora de Bajo Almanzora, aunque afirmó que en esa cita no se acordó ninguna indemnización.
El Ejecutivo comunitario reveló entonces que había remitido a la OLAF la información relacionada con Acuamed, una empresa que ha recibido fondos europeos para confinanciar proyectos por valor de 660 millones de euros para el periodo 2007-2014, de acuerdo con fuentes comunitarias.
Bruselas, además, informó de que mantiene contactos con las autoridades españolas para conocer el desarrollo de los hechos.