"Somos capaces de volver a hacerlo y tenemos las Navidades a la vuelta de la esquina. No nos vamos a doblegar", declaró a EFE la controladora Merche Canalejo, miembro de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA).
Canalejo dijo sentir una "pena horrorosa" por los ciudadanos afectados por el hecho de que los controladores, en vísperas del puente más largo del año, abandonaran sin previo aviso sus puestos de trabajo provocando con ello una parálisis del espacio aéreo.
La controladora, que pidió a los afectados "un millón de disculpas" argumentó que su colectivo no es el "origen del problema", sino las condiciones de "esclavitud" en las que desempeñan su trabajo.
Tras asegurar que los controladores no querían "llegar a esto", Canalejo, precisó que el detonante fue la aprobación ayer por parte del Gobierno de un decreto ley que regula el horario laboral de este grupo profesional.
En este decreto no se computa como jornada laboral el tiempo de formación, guardias y licencias o las ausencias por incapacidad laboral.
Canalejo negó visiblemente alterada que su colectivo haya convocado una "huelga salvaje" y afirmó que ninguno de los controladores que ayer abandonó su puesto se dio de baja médica.
"Ayer lo que se dijo es que con ese decreto no eran unas condiciones dignas. No queríamos trabajar. La gente estaba tan hecha polvo y desmoralizada que se acogió al artículo 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea porque no podía atender el tráfico", explicó.
La decisión de los controladores provocó una crisis que indujo este sábado al Ejecutivo a decretar, por primera vez desde la aprobación de la Constitución, el estado de alarma.
Canalejo reiteró que los controladores no suponen "el origen del problema", sino en el hecho de que el Ejecutivo aprobara el citado decreto en vísperas del Puente de la Constitución cuando ellos no están "en condiciones de trabajar" porque es "esclavitud".
También lamentó que el Gobierno sea "incapaz de negociar" y denunció las "amenazas brutales" vertidas contra los controladores, entre las que citó "cárcel, aislamiento a todo el que desobedezca, delito de sedición y expropiación de bienes".
Los controladores acusan al Gobierno de haberles dejado "fuera del Estado de Derecho y de vilipendiarles"
"tenemos miedo desde hace diez meses, ya que estamos sin condiciones laborales mínimas".