{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Los reclusos han recibido la noticia con alegría aunque los trabajadores penitenciarios lo han hecho con recelo. A partir de este jueves las cárceles irán retomando la normalidad de forma paulatina y gradual, en las provincias que ya encuentren en la fase 1 o 2.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha enviado este miércoles a todos los centros dependientes de la Administración General del Estado las instrucciones para la flexibilización de las medidas adoptadas durante la crisis sanitaria de la COVID19. Unas actuaciones que podrán revertirse si la situación epidemiológica así lo requiere, de forma global o individualizada.
NIUS ha hablado con funcionarios, abogados y agentes de la Guardia Civil que prestan servicio en los centros penitenciarios. Coinciden al afirmar que se está actuando de forma precipitada, improvisando sobre la marcha y que las instrucciones no están claras.
Se van a retomar las actividades educativas, formativas, terapéuticas o culturales que realizan los profesionales de la Administración Penitenciaria y que han quedado suspendidas durante la crisis sanitaria. Una decisión recogida con temor por los trabajadores, que creen que la labor que llevan dos meses realizando para contener la pandemia puede venirse abajo.
Desde la asociación de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) se preguntan:" ¿Se van a retomar las clases presenciales cuando están suspendidas en todo el país?, ¿vamos a asistir al trasiego de personal externo todos los días cuando es un posible foco de contagio?, ¿es tan importante reabrir los talleres productivos o nuevamente el criterio económico prima sobre el sanitario?".
Aseguran que a día de hoy en la mayoría de las cárceles no cuentan con equipos de protección homologados ni se han realizado los test necesarios para confirmar posibles casos. Los funcionarios utilizan mascarillas quirúrgicas válidas para cuatro horas durante turnos de 38. Por eso piden que se les dote de mascarillas FFP2 y guantes de nitrilo y realicen los test PCR y Serológicos a todos los trabajadores, priorizando los que trabajan en el interior con los internos.
"Esta orden ministerial viene a romper la barrera sanitaria que a duras penas y gracias al esfuerzo y profesionalidad de los trabajadores penitenciarios habíamos construido en las prisiones españolas", señala TAMPM en un comunicado y recuerdan que el COVID-19 se ha cobrado la vida de dos internos y cinco funcionarios.
Desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones también manifiestan su inquietud ante esta decisión: "Las dudas y la preocupación nos surgen a los profesionales penitenciarios que somos los que tenemos que acudir a nuestro lugar de trabajo y no sabemos si se producirá con las garantías necesarias. Hemos sacado adelante estas semanas tan duras con una profesionalidad que se puede tachar de excelente a pesar de la falta de medios adecuados. Parece que hay prisa por abrir las prisiones, por lo que pedimos que se haga con sentido común, responsabilidad y los medios adecuados para abordar esta desescalada", señalan.
Los internos podrán recibir visitas de dos personas como máximo, a través de los locutorios con mamparas de cristal y siempre que no haya impedimentos desde el punto de vista clínico o sanitario. Pueden ser familiares, amigos, abogados o trabajadores externos, sólo si proceden de la misma provincia en la que esté la prisión. Todos deberán utilizar guantes y mascarillas. Estas visitas se realizarán seis días a la semana y después de cada una se realizará la desinfección de las cabinas.
Juan Ospina es abogado penalista. Tiene pendientes varias visitas con sus representados. De momento no ha recibido ninguna información al respecto. También tiene sus críticas: "Como abogado echo en falta la seguridad jurídica. A los letrados nos gustaría tener claro cómo podemos comunicarnos con nuestros clientes, por lo que pedimos que se nos facilite una franja horaria con aquellos medios telemáticos que se nos pueda poner encima de la mesa y con más garantías. Ahora mismo sólo podemos hablar con ellos mediante una llamada teléfonica que nos hagan desde la prisión o en algunos casos a través de Whatsapp pero es muy difícil porque sólo puede ser en los horarios que los centros penitenciarios establecen y en muchos casos no son compatibles con nuestros horarios profesionales, lo que dificulta su defensa."
También van a recuperar los permisos de salida - ordinarios y extraordinarios- y las actividades en el exterior programadas, aunque sólo en aquellos casos que se produzan en el mismo ámbito geográfico y para los internos clasificados en tercer grado o que tengan aplicado el régimen de flexibilidad y se hallen destinados en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios.
Todos los reclusos que salgan del centro deberán firmar un consentimiento expreso para permanecer en cuarentena durante 14 días o el tiempo que determine el personal sanitario cuando regrese al centro y "se les facilitará mascarilla", según el escrito de la Secretaría General.
Quedan autorizados los traslados requeridos por autoridades judiciales, los derivados de cuestiones sanitarias y los que obedezcan a razones excepcionales o causas de fuerza mayor. Los internos deberán portar mascarilla dentro de los vehículos, que según Instituciones Penitenciarias se les va a facilitar.
Según la Secretaría General no se procederá al traslado de ningún reo que se encuentre en módulo en cuarentena o aislado por sospecha de COVID-19. Estos internos también tendrán que permanecer 14 días aislados antes de regresar a sus módulos correspondientes.
Rafael Sánchez es el Coordinador de Servicios de Protección y Seguridad de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Durante estos dos meses de confinamiento, han reducido drásticamente el número de traslados de presos en vehículos del cuerpo, que sólo se han producido para llevar a internos con enfermedades urgentes y graves hasta los centros hospitalarios o para cambiar de cárcel a aquellos que hayan protagonizado altercados o incidentes.
Los agentes que normalmente prestan estos servicios han sido derivados para realizar tareas de seguridad ciudadana durante el estado de alarma. Deberán reanudar sus tareas habituales pero todavía no saben cuándo comenzarán.
Esperan que en los próximos días se reactiven las consultas médicas fuera de las cárceles y los juzgados empiecen a reactivar los procedimientos, por lo que solicitarán los traslados de estos internos. Por eso piden que se fije un protocolo de seguridad o preventivo específico. De momento sólo han recibido instrucciones para los traslados en autocares de línea regular entre distintas provincias.
"Las conducciones interprovinciales, en autocares grandes ya se están adaptando. Los presos deberán llevar mascarillas obligatoriamente y a los compañeros también les van a facilitar medios preventivos. Sin embargo para los traslados provinciales todavía no tenemos instrucciones claras ni concretas, no se ha especificado nada. Sólo que utilicemos los medios de los que disponemos. No en todos los sitios tenemos mascarillas FFP2, ni equipos de protección individual, por eso hemos pedido a Instituciones Penitenciarias que nos informen previamente de los casos positivos para poder protegernos. Nos dijeron que lo intentarían pero que no siempre lo saben. En los casos confirmados sí que nos han ido avisando. Estos traslados los realizan compañeros con formación NRBQ y equipación completa, pero en la mayoría de los casos no sabemos ni lo que llevamos", relata.
Estos vehículos deben ser desinfectados después de cada uso, lo que puede acarrear problemas de logística: "Los autocares que realizan traslados interprovinciales serán desinfectados cuando acaben el servicio. Pero los furgones pequeños que usamos a nivel provincial están todo el día funcionando, el trajín es contínuo, cogen a un interno y cuando le dejan van a por el siguiente. Si ya de por sí había colapso antes de la crisis sanitaria esto va a suponer un problema si entre medias tenemos que desinfectarlos. Esto se hace en el propio centro penitenciario, a veces por empresas especializadas y otras por los mismos agentes, igual que hacemos con los coches patrulla antes de salir de servicio, por lo que tampoco es una desinfección a fondo", explica.
"El número de conducciones va a crecer exponencialmente. Cuanto más traslados haya, de menos personal dispondremos. Se quieren hacer tan rápido las cosas que no se puede garantizar la seguridad ni adoptar medidas adecuadas. Hay mucha incertidumbre por lo que sólo pedimos que se haga una desescalada gradual, que se sigan utilizando los medios telemáticos en los casos que sea posible", reclama.
La asociación TAMPM advierte de que "todo lo anunciado supone una imprudencia y denota un claro desconocimiento de la realidad penitenciaria, ya que el efecto ilusionante que va a tener entre los internos va a chocar con la realidad, con el consiguiente aumento de tensión y posibles incidentes violentos."