En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha concretado que la Generalitat presentará ante el Gobierno central un requerimiento de incompetencia, y si el Estado lo rechaza, luego pedirá un dictamen preceptivo al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), cuyo aval requiere para llevar este decreto al TC.
Este decreto supone "una invasión, y va en detrimento de las competencias propias de la Generalitat en materia de educación y de lengua", ha concretado la Generalitat en un comunicado.
Para el Govern, el Estado no tiene competencias para regular este ámbito y, además, el decreto es contrario al régimen lingüístico educativo que establecen el Estatut de Cataluña y la Ley de Educación catalana (LEC).