CC.OO. no descarta acudir a la vía judicial para impugnar que los notarios se encarguen de las juras de nacionalidad

En declaraciones a Europa Press, Hernández ha explicado que este acuerdo es "contrario a la legalidad" porque hay algunas "cuestiones fundamentales" que no pueden encomendarse a "personas externas de la administración de Justicia" mientras no se modifique la ley y ha denunciado que se trata de la "privatización de un servicio público". "Es escandaloso", ha precisado.

Según ha apuntado Hernández, los actos de jura para obtener la nacionalidad es tarea de "los funcionarios del Registro Civil" y si no lo realizan ellos se incurre en un "incumplimiento de la norma legal", algo que, a su juicio, es "intolerable". "Nuestra premisa mayor es que no se privaticen los registros civiles para ninguna tarea, pero evidentemente se están viendo cada día pasos más graves por parte del ministro que no vamos a tolerar en la medida de nuestras posibilidades", ha subrayado.

Además, Hernández ha precisado que, cuando se argumenta que esta encomienda a los notarios permitirá acelerar el proceso, es "una falsedad" ya que "cuando los expedientes de nacionalidad vuelven a los Registros Civiles para el acto de la jura, muchísimos llegan incompletos y los funcionarios tienen que volver a buscar esos documentos y cerciorarse de que la documentación es la correcta para citar al interesado que está pidiendo la nacionalidad".

Asimismo, ha puntualizado que el acto de la jura, "como bien sabe el ministro, lo tiene que hacer un funcionario público" y ha señalado que, aunque "el registrador de la propiedad y el notario son funcionarios públicos como personas porque dependen de la Dirección General de los Registros y del Notariado, su gestión es absolutamente privada".

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, firmaron este martes el acuerdo de encomienda de gestión por la que los notarios, en su condición de funcionarios públicos, realizarán gratuitamente las actas de las juras o promesas necesarias para adquirir la nacionalidad española por residencia.

Según explicó el ministro de Justicia, esta encomienda forma parte del Plan Intensivo de Tramitación que el Ministerio de Justicia puso en marcha en junio de 2012 para tramitar las 420.000 solicitudes pendientes que se encontró al comienzo de la legislatura y que llevaban acumuladas hasta cuatro años.