Acompañado por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó; el Comisario General de Extranjería, Emilio Baos; los portavoces y la Mesa de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, y distintos mandos policiales, Fernández Díaz ha encabezado esta visita anunciando un ejercicio de "transparencia".
Se trata, ha dicho, de "que nadie pueda dudar que se garantizan los derechos y libertades de estas personas". "No tenemos nada que ocultar y queremos la mayor transparencia posible", ha añadido, para acto seguido iniciar su primera visita a un CIE, dejando las puertas abiertas tras de sí para que accediese la prensa.
La primera impresión que han compartido los periodistas que han podido acceder este lunes al CIE de Aluche escoltadas por el jefe de seguridad de las instalaciones y un grupo de policías, es que estaba "vacío". La instalación tiene una capacidad para 280 personas y en ella viven actualmente 156, pero pese a recorrer un par de módulos, la enfermería, las zonas de ocio, el comedor, y las cocinas, ninguno de sus residentes ha podido ser visto, ni, por tanto, entrevistado.
Sí han estado dispuestos a charlar los responsables del servicio médico, que en las tres primeras horas de su turno de consulta habían atendido ya a 36 pacientes, aunque ninguno de los ellos estaba cerca para explicar su experiencia. Según cuentan la responsable del servicio, el médico que está en el turno y la ATS que le acompaña, la demanda de asistencia es "muy grande" dentro del centro, sobre todo por "catarros, problemas de piel, hongos, alergias y estreñimiento".
Preguntados por el caso de Sammba, la extranjera que falleció el pasado mes de diciembre en un hospital madrileño horas después de ser trasladada desde este CIE, poco tienen que decir, salvo que no han sido informados aún del resultado de la autopsia, que ella contó con un intérprete --extremo que negó su familia--, y que presentaba "un comportamiento absolutamente normal" durante las primeras visitas que hizo a la consulta, aquejada de un mal no diagnosticado que finalmente, acabó por causarle la muerte.
En este dispensario y sala de curas no se realizan análisis de sangre "porque la Dirección General de Policía no lo considera así", según la responsable del servicio, y los casos que requieren alguna prueba adicional o que revisten especial gravedad, son derivados a un hospital. Fuera del horario de consulta, se recurre al SAMUR o a lo que los agentes llaman "línea caliente" de atención, una "telemedicina", en palabras del Comisario General de Extranjería, en el que un policía cuenta a un médico los síntomas del interno y recibe instrucciones para actuar.
En las cocinas, los responsables de alimentar a los hasta 280 extranjeros que pueden llegar a convivir en el CIE, enseñan una bandeja con el rancho del día: lentejas, albóndigas, aros de calamar, una ración de fruta y media barra de pan. Según señalan, disponen de hasta cinco menús terapéuticos para ajustarse a dietas impuestas por los servicios médicos, a las necesidades de las minorías y a los musulmanes, por quienes "nunca" se trabaja con cerdo.
El comedor contiguo es una sala rectangular con mesas de doble bancada y un televisor empotrado en una caja de hierro que reproduce de continuo un canal de vídeos musicales. La sala adyacente es la "zona de ocio", un espacio vacío con unas cuantas mesas, cabinas telefónicas más o menos modernas salpicando las paredes y un puñado de máquinas expendedoras encerradas entre rejas de seguridad. El precio de la consumición, un euro.
En otra zona están los módulos, con capacidad para unos 68 internos que se reparten en habitaciones con literas donde duermen entre 6 y 8 personas. Las habitaciones tienen dos ventanas con rejas que a su vez están cubiertas por paneles agujereados, los paneles azules tan característicos de la fachada de este CIE, que dificultan la visión del exterior. Las celdas cuentan con un pequeño aseo, y los internos, que duermen sobre colchonetas, disponen de un pequeño espacio junto a la cama para dejar enseres y una estantería que comparten con los demás.
El resto de sus pertenencias reposan, guardadas en maletas que en la mayoría de los casos han llegado al CIE de manos de familiares que no albergan la esperanza de que se aborte la expulsión, en una sala custodiada por los agentes policiales donde, además, deben dejar sus teléfonos móviles y las posesiones que lleven consigo en el momento del ingreso en la instalación. Junto al libro de registro, un cartel recuerda a los internos que apunten a boli los números de su agenda que vayan a necesitar, ya que el terminal no saldrá de esa habitación mientras ellos no salgan del centro.
REFORMA DE LOS CIE
Los Centros de Internamiento son instalaciones policiales reguladas por una orden ministerial que tiene ya más de una década. Figuran en la actual Ley de Extranjería como lugar donde retener a los extranjeros que van a ser expulsados del territorio nacional. Allí pueden permanecer hasta un máximo de 60 días, al cabo de los cuales tienen que ser puestos forzosamente en libertad.
El Defensor del Pueblo y distintas ONG especializadas han venido denunciando en los últimos años todo tipo de irregularidades dentro de estas instalaciones. Algunas, por el mal estado de los edificios, la falta de prestación de servicios básicos como la asistencia letrada o sanitaria o el hacinamiento de los internos. Otras, por violaciones de derechos humanos, malos tratos o tratos degradantes.
El Ministerio del Interior tiene listo ya un anteproyecto del reglamento que deberá solventar estas situaciones y poner en negro sobre blanco las condiciones en que deben estar los internos de los CIE. El texto recibió las observaciones de las ONG especializadas, para quienes "se limita a cambiar el nombre de los CIE" --que pasarán a llamarse Centros de Estancia Controlada de Extranjeros--, "pero no el sistema de funcionamiento".
Ahora, tras pasar por el Colegio de Abogados y la Fiscalía, llega a los grupos parlamentarios, que habrán de elevar sus alegaciones al ministro. Fernández Díaz ha reiterado su intención de conseguir el "máximo consenso" para elaborar esta norma que, entre otras medidas, limitará la labor de los policías a las tareas de seguridad, separará a los internos con antecedentes de quienes no los tengan, incrementará la asistencia sanitaria y permitirá una mayor "presencia" de letrados y ONG, conforme él mismo ha explicado.