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Los seis jefes de los centros de salud mental, que pasarán a manos privadas, aseguran que muchos pacientes perderán a su psiquiatra, psicólogo y trabajador social. Y que la “ruptura de esta relación terapéutica supone un grave riesgo de recaída”, que puede provocar nuevas crisis en los enfermos. Aseguran que el hecho de que se trate la salud mental como cualquier otro servicio del hospital, pone en peligro el Plan Estratégico de Salud Mental, vigente hasta 2014, aprobado por la Consejería de Sanidad. En este sentido, los profesionales temen que el tratamiento se base sólo en “dispensar medicamentos”.