El sector no se opone a los plazos y no entra en el debate de si debe o no haber permisividad con el aborto. Sólo exige que la ley que se aplique, sea la que sea, establezca las mismas condiciones para todos los embarazos, sin importar si el gestante tiene o no una discapacidad, algo que la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, no hace.
"La actual ley es discriminatoria y lo que Down España defiende es la no discriminación de las personas por razón de su discapacidad. Este argumento está refrendado por las Naciones Unidas, un organismo neutro con respecto a si debe o no existir aborto, pero tajante respecto a que la ley, bajo ningún concepto, debe incluir elementos de eugenesia o discriminación", explica el gerente de Down España, Agustín Matía.
En la misma línea se expresaba en declaraciones a Europa Press el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, quien incidía en que "cambiar o no de ley es una opción política (...) pero existe una ley de 2010 que según dijo el Comité de Derechos de Naciones Unidas tiene algún aspecto discriminatorio" y el Gobierno debe "acatar esa recomendación".
La ley vigente, que contempla el aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación, permite hacerlo hasta la semana 22 "siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto" y en cualquier momento de la gestación si lo que se detectan son "anomalías fetales incompatibles con la vida" o "una enfermedad extremadamente grave e incurable" en el no nacido.
Este aspecto motivó una recomendación a España del Comité de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2011, esperando que modificase la ley de forma que no se estableciesen plazos más elevados para los gestados que padeciesen algún mal discapacitante.
De hecho, este ha sido uno de los argumentos más repetidos por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para defender la necesidad de una reforma legislativa. El anteproyecto que presentó en el mes de diciembre, devolvía el aborto al Código Penal creando un sistema de supuestos que no contemplaba problemas en el feto como causa legal para interrumpir el embarazo salvo que su existencia implicase un daño psicológico en la madre.
Para Pérez Bueno, las salvedades de la ley actual son "vestigios" de la mentalidad que inspiró la ley del aborto de 1985, "mucho más discriminatoria que la de 2010", en la que se permitía a la mujer abortar en las primeras 22 semanas de gestación en caso de "malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto". En su opinión, y en la del Comité de Derechos de la ONU, la distinción de plazos debería haberse eliminado.
Ahora, ante la posibilidad de que el anteproyecto no llegue a prosperar, el colectivo recuerda al Gobierno que esa modificación tiene que hacerla. "Una discapacidad nunca puede significar menos derechos, creemos que esta debe ser la base sobre la que se construya cualquier norma jurídica o legislación en una sociedad desarrollada y madura", añade el representante de Down.
Desde el CERMI plantean que hay otras opciones, como la legislación holandesa, que ofrece el aborto libre en las primeras 24 semanas de gestación, durante las que una mujer puede interrumpir el embarazo sin tener que alegar ningún tipo de razón médica. "Ni establece distinciones ni obliga a los progenitores a alegar ningún tipo de causa, dando un tratamiento idéntico a todas las situaciones que se reducen así a una: la voluntad de practicarse el aborto", explica Pérez Bueno.
"Nosotros lo que decimos es que si se apuesta por un sistema de plazos, no haya una diferenciación, porque es discriminatorio con la discapacidad, y se de la misma respuesta a todas las situaciones", añade el presidente del CERMI.