La entidad ha calificado de "inaceptable" que, pese a tratarse de un texto de 1996, "no ha sido ratificado plenamente" por el Ejecutivo Español, algo que, a su juicio, constituye "una anomalía reprochable".
Según ha indicado, debido a la no formalización de la adhesión al documento por parte de España, "determinados derechos sociales de especial significación y alcance no son de aplicación y no pueden ser invocados por la ciudadanía española" algo que perjudica "su grado de protección social".
"El movimiento social de la discapacidad junto con todo el tercer sector de acción social exigirán al nuevo Gobierno y al Parlamento la pronta incorporación de la Carta Social al ordenamiento jurídico español", ha anunciado.
El CERMI incluirá la ratificación de la Carta Social Europea Revisada entre los puntos "primordiales" de su Agenda Social para la legislatura, junto con la modificación de la Constitución para "otorgar rango de fundamentales a los derechos sociales".