La Comunidad de Madrid defiende que nunca dejó "desamparados" a Ángel y su mujer

Informativos Telecinco | Agencias 06/04/2019 13:38

Fuentes del Gobierno regional, han asegurado que "desde el primer momento ha sido atendida por los profesionales de los diferentes departamentos de atención a la dependencia y discapacidad".

Explican que, tras renunciar a la plaza en 2011, dos años después, volvió a solicitarla y fue reingresada en la lista de espera. Según estas mimas fuentes, en ese momento se le calculó un nivel de ingresos "muy elevado" que la penalizaba en el acceso. Asimismo, indican que no consta ningún escrito que acreditase en todo ese tiempo una situación de emergencia social para priorizar su caso sobre otros.

Hace apenas tres meses solicitó un nuevo recurso, en este caso Ayuda a Domicilio, y actualmente estaba en tramitación y se le había solicitado la documentación relativa a su nivel de ingresos.

Además, recuerdan que "estaba siendo atendida regularmente por la sanidad pública madrileña, tanto por los equipos de atención domiciliaria de cuidados paliativos como por la plataforma PAL24 de cuidados paliativos del SUMMA 112". Esta misma semana la visitó un equipo de atención domiciliaria.

María José falleció el miércoles en su casa. Su marido Ángel le 'prestó sus manos' para morir. "Mi mujer me lo ha pedido siempre y en los últimos cuatro meses me lo pedía constantemente", explicó ante los medios la tras salir del Juzgado.

Nunca ocultó su participación y, por eso, cuando todo terminó llamó a la Policía para confesar que la había ayudado a morir, y avisó al programa de 'Cuatro al día', que meses antes había dado voz a su historia, para que difundiese en exclusiva las imágenes del durísimo momento en que María José manifestaba con determinación que quería poner fin al dolor.

La opinión pública

Ángel Hernández fue detenido. Hoy la sociedad y parte de los políticos claman por una modificación de la ley. Así, la ley de la eutanasia, la muerte digna y la mejora de los cuidados paliativos resuenan ahora en la mesa de debate, llegando incluso al discurso de campaña electoral, –o precampaña, a la espera de que el 12 de abril dé inicio oficialmente–, con los distintos líderes intercambiando acusaciones al respecto de una situación que, sin embargo, en esto tampoco parece ponerles de acuerdo.

Campaña electoral

Todos piden que no se use el debate para hacer política, pero ninguno ha podido aislarse del caso. Desde el Gobierno se rechaza las acusaciones de oportunismo, mientras solo el PP se ha mostrado en contra de la legalización de la eutanasia, apostando por los cuidados paliativos.

Podemos, por su parte, a través de su líder, Pablo Iglesias ha manifestado "indignación" por el hecho de que un "acto de humanidad" pueda llevar a Ángel a ser detenido, recalcando que "España está perfectamente preparada" para "despenalizar la Eutanasia", en el otro lado, Ciudadanos ha asegurado que va a ser "una prioridad de Albert Rivera sacar adelante su propuesta de ley de cuidados paliativos" para, después, –y en ese orden–, abordar "la regulación de la eutanasia".

Pedro Sánchez, entrevistado el jueves por Pedro Piqueras en Informativos Telecinco, reconociéndose "sobrecogido" por el caso "porque podría haberse evitado antes", ha criticado que "hasta en 19 ocasiones el PP y Ciudadanos hayan evitado el reconocimiento al derecho a la eutanasia", afirmando que, de tener una mayoría parlamentaria "ese derecho será reconocido". Así mismo, en ese encuentro, el presidente del Gobierno dejaba abierta la puerta al indulto del marido de María José.

El proceso judicial

Entre tanto, en medio de ese contexto de debate y a la espera de una resolución que ante esa falta de consenso nunca llega, Ángel, que la noche del jueves fue puesto en libertad sin medidas cautelares, tiene claro cuál es ahora su lucha. Lo explica recordando las últimas palabras de María José: "A mí no me llegó la eutanasia, que sea por los demás". No sabe si será un referente en la batalla por la muerte digna, pero desde la repercusión que le otorga este duro caso clama, pide y demanda que las autoridades competentes "se dediquen a la gente que tiene este problema porque aunque su mujer ha fallecido y en parte ya no le hace falta, hay mucha gente que está en la misma situación y hay que ayudarla".

No es una lucha fácil y el debate no está exento de división, pero incluso entre los que difieren al respecto de despenalizar la eutanasia se encuentran quienes señalan como extremo que Ángel deba estar en prisión por este suceso. Ahora, será el juez instructor el que deba decidir.

"He declarado que todo lo hice por mi mujer y ahora me encuentro afectado y asumiendo su fallecimiento. Los funcionarios y la Policía ha empatizado conmigo, se han portado muy bien y estaban de acuerdo conmigo; me lo han dicho expresamente", explicaba al ser puesto en libertad. Sin embargo, ahora lo que le espera al frente es un proceso judicial en el que tanto el hecho de llamar voluntariamente a la policía como haber entregado imágenes grabadas puede ser clave. Clave, porque en ellas queda documentado el proceso, con todo el cariño y con mucha precaución. Ángel preguntó en varias ocasiones a María José si estaba segura de lo que iba a hacer. Y ella lo había pedido de forma voluntaria, inequívoca y expresa. Una prudencia que tomó el matrimonio y que reduciría la pena si llegar a un juicio.

"Según el código penal sería como mínimo de dos años, pero si se habla de conmiseración o piedad podría reducirse a seis meses", explican varios abogados penalistas.

En vídeos anteriores, María José ya mostraba, con sus últimas fuerzas, el temor a las consecuencias. Sin embargo, 24 horas después Ángel quedaba en libertad. Ni la Fiscalía ha pedido medidas cautelares.

Atendiendo a los medios y explicando cuál será la estrategia judicial a seguir, Olatz Alberdi, su abogada, explicaba ayer que se espera que a Ángel se le apliquen esos atenuantes, como la confesión, y no entre en la cárcel. Según detalló, está acusado de un delito de asistencia al suicido, lo que implicaría una posible rebaja de dos grados, es decir, que de la pena inicial que se aplica a este delito, de 6 a 10 años de cárcel, podría quedarse en dos o menos. En caso de que sea condenado, también barajarían pedir el indulto.

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