Todo empezó en 2010 cuando William Córdoba fue enviado por la prisión a trabajar en el despacho de la funcionaria que en esos momentos ejercía como instructora de un programa para reclusos, según ha informado el periódico San Francisco Chronicle. Durante su jornada, la mujer abusaba sexualmente de él mientras le aseguraba intentar contactar con los mejores abogados del país para reducir su condena.
A los pocos meses, el preso denegó todas las ofertas sexuales que le hacía la empleada y, entonces, ella misma abrió un expediente contra William Córdoba alegando una conducta indebida durante sus trabajos en prisión. Al recibir esta notificación, la cárcel de San Quintín decidió castigarle durante nueve meses cambiándolo de pabellón y llevándole al de máxima seguridad.
Nueve meses después, el protagonista de la noticia denunció a la empleada y se sometió a un tratamiento psicológico para tratar los daños que le habían ocasionado el continuo acoso que sufrió. En el juicio celebrado los abogados de la demandada han asegurado que las acusaciones de William Córdoba son falsas pero el jurado popular compuesto por ocho personas ha dictaminado que la empleada de prisión es culpable.
Por eso mismo, la funcionaria deberá pagar más de 53.000 euros sumando los gastos compensatorios y los daños punitivos. El abogado de William Córdoba se ha mostrado verdaderamente contento con la sentencia que ha dictaminado el jurado popular. Además, el magistrado ha declarado que no se debería hacer caso omiso a los casos de acoso sexual en el mundo de las prisiones.