Así lo ha decidido este martes la Junta de Portavoces de la Cámara después de que la semana pasada la Mesa del Congreso aceptase la petición realizada por las formaciones que registraron la proposición de ley (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias) para llevar a cabo este procedimiento de urgencia y que las víctimas, según explicaron, fueran reparadas "cuanto antes".
La tramitación por esta vía implica reducir a la mitad todos los plazos de enmiendas y el portavoz de Unidos Podemos en esta materia, David Carracedo, confía en que se cierre el plazo para la presentación de enmiendas antes de que acabe el año.
La toma en consideración de esta norma, impulsada por asociaciones de afectados por esta trama, fue apoyada por todos los grupos en el Congreso. El texto reconoce el derecho de las víctimas a acceder a la documentación que les pueda ser de interés, ya sea de la Administración, de archivos privados que estén obligados por esta norma, boletines estadísticos municipales o libros de registros de ingresos, partos y prohijamientos, entre otros. Un reglamento regulará las infracciones y sanciones administrativas que se impondrán a quienes incumplan con este derecho.
También recoge que el Ministerio Fiscal ejercerá de oficio o a instancia de las víctimas en cuantas acciones judiciales procedan, que las exhumaciones que sean precisas "serán sufragadas por el Ministerio de Justicia" y que las pruebas de ADN serán gratuitas.
En este sentido, el texto recoge la creación de una base de datos estatal de afectados, en cuya elaboración participarán las asociaciones de víctimas. También se creará un banco único de ADN gratuito con "toda la información relevante" en relación con los casos de bebés robados. En dicho banco, explica el texto, se conservarán muestras de restos óseos.
En cuanto al derecho de reparación, los reconocidos como víctimas de esta trama tendrán derecho a asistencia médica, jurídica y psicológica gratuita, así como a conocer su verdadera identidad y a ejercer acciones de reparación de daños y perjuicios contra las personas o instituciones responsables de su privación de derechos. También serán beneficiarias, de forma gratuita, de los servicios de mediación profesional para facilitar posibles reencuentros.
Además, se autoriza al Gobierno a, en un plazo de seis meses y por decreto, determinar el alcance, condiciones y procedimiento para la concesión de indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes se les reconozca la condición de víctimas de esta trama.
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