Tras las visitas, la institución formuló 352 resoluciones para instar a las administraciones públicas a adoptar diversas recomendaciones o sugerencias y para recordarles sus "deberes legales" para con las personas privadas de libertad.
Entre las instalaciones supervisadas por el Defensor del Pueblo figuran tanto calabozos policiales y de juzgados como Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), centros para menores infractores, centros sociosanitarios, unidades de custodia hospitalaria. También se examinaron varios traslados de inmigrantes, según consta en el 'VII Informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP)'.
En el caso de los CIE, los responsables de visitar los centros han hecho especial hincapié en comprobar el estado de las instalaciones, así como la comprobación de la ampliación de la cobertura sanitaria y de la presencia de ONG y la dotación de material deportivo y de ocio para el tiempo en que los migrantes permanecen recluidos. "Además, en estas visitas se vigila el cumplimiento del Reglamento de los CIE", explican los responsables del informe.
Del total de resoluciones formuladas tras visitar las instalaciones, la mayor parte de las cuales (336) fueron sugerencias (otras 12 fueron recomendaciones y 4, recordatorios de deberes legales), los autores del informe señalan que las administraciones "han aceptado el 88%" de ellas hasta la publicación del documento.
"El Defensor del Pueblo valora positivamente la actitud de colaboración que ha encontrado por parte de los funcionarios así como de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en todos los centros visitados", subraya la institución tras analizar los resultados de las visitas.
Entre las principales actuaciones que ha destacado la institución a lo largo del último año, figuran las visitas a centros de régimen cerrado, en los que se aplican "criterios de máxima seguridad" en comparación con otras formas de privación de libertad.
"En los lugares de privación de libertad de corta duración se ha observado, principalmente, cómo se aplican las nuevas normativas que afectan a los detenidos (reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), que entró en vigor a finales de 2015, e instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre condiciones en las que se desarrollan las detenciones)", explica el informe.