La institución no ha recurrido esta norma, conocida como 'Ley Mordaza', ante el Tribunal Constitucional porque, según indica, lo han hecho ya varios grupos parlamentarios, pero recuerda que hasta que el Alto tribunal no se pronuncie, la ley se despliega en todos sus efectos.
Para impedir que la Policía se extralimite y garantizar el derecho fundamental a la intimidad, Becerril propone reforzar el "inmediato" control judicial y de la fiscalía sobre los registros corporales externos.
En relación con las sanciones económicas que pudieran imponerse por alteración del orden o del normal desarrollo de manifestaciones, recomienda su limitación a casos de especial gravedad.
La Institución también plantea que no se exija una autorización previa para la difusión de imágenes o datos personales o profesionales y sí sea necesaria autorización de un juez para retirar material informativo.
También formula recomendaciones para que la figura del rechazo en frontera que establece la ley respete la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la normativa internacional.
Así, se plantea que siempre que se produzca un rechazo en frontera se dicte una resolución administrativa, con asistencia letrada y de intérprete e indicación de los recursos que se puedan interponer contra ella.
En dicho procedimiento, indica que el extranjero deberá recibir información sobre protección internacional y se verificará la posibilidad de acogerse a ella, que no es menor de edad o posible víctima de trata de seres humanos.