En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la PDE Manolo Tomás ha considerado que el plan --en información pública hasta el 12 de noviembre--, "incumple de manera manifiesta las normativas europeas", por lo que ha justificado la presentación de las firmas en la voluntad de la plataforma de que se modifique antes de su aprobación.
Tomás, de hecho, cree que el proceso de información pública "está viciado y no servirá absolutamente para nada", a pesar de que la CHE lleva semanas reuniéndose con los gobiernos autonómicos, agricultores y ecologistas para explicar detalladamente el proyecto y lograr el máximo consenso posible.
"La CHE no tiene ninguna intención de modificar el caudal medioambiental", ha asegurado Tomás, que ha vaticinado que el nuevo plan estará definitivamente aprobado a principios de 2013, a pesar de las alegaciones presentadas.
El portavoz de la PDE, no obstante, ha recordado que la Comisión Europea nunca ha intervenido sobre una normativa antes de que esté aprobada, por lo que apela al "principio de precaución" para evitar los conflictos futuros.
En todo caso, Tomás ha garantizado que, en caso de que no se revise, presentarán quejas a posteriori para garantizar que cambian los caudales, que tal y como están previstos supondrían el equivalente a un trasvase aun mayor al que planificó en su día el Gobierno de José María Aznar.
La PDE mantiene que una aportación de agua dulce en la desembocadura de 106,9 metros cúbicos por segundo conllevará la destrucción del Delta, una mayor intrusión salina aguas arriba y la imposibilidad de diluir la contaminación subyacente.
De hecho, la propuesta del plan sugiere que el Ebro debe transportar, a su paso por la estación de aforo de Tortosa, 80 metros cúbicos por segundo durante seis meses al año, entre 91 y 95 otros cuatro meses y 150 como máximo durante los dos meses restantes, por lo que la cifra final se alcanza con aportaciones de las que no se concreta su procedencia, según la PDE.
Tomás ha asegurado que detrás del descenso del caudal en el tramo final del Ebro se esconde la voluntad de crear 500.000 nuevas hectáreas de regadío aguas arriba, de las que 300.000 corresponden a Aragón, pero también unas 125.000 a Cataluña --la mayoría de ellas en el marco del canal Segarra-Garrigues--.