Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia de cuatro personas distintas, pero que tenían en común en un primer lugar que eran de origen senegalés y que todos reunían los requisitos para pedir arraigo social en el territorio español. En sus denuncias coincidían y manifestaban que habían sido engañados por un compatriota suyo, que les ofrecía la posibilidad de conseguir contratos de trabajo con empresarios de Almería y provincia, para así poder solicitar autorización de residencia en España.
Ante esto, las víctimas accedían a lo ofrecido, entregándole en un principio el pago solicitado para ello, oscilando la cantidad en torno a unos 1.300 euros por el contrato y unos 900 euros correspondientes a las tres cotizaciones de la Seguridad Social que le pedía, una vez estuvieran concedidas las autorizaciones de residencia.
Seguidamente las víctimas se dirigían ante la Subdelegaciones de Gobierno de Granada y Málaga para solicitar la autorización de residencia, resultando ser denegadas a todos debido a unos problemas de solvencia o inexistencia de las supuestas empresas.
Los policías investigadores pudieron localizar al individuo en cuestión que se hacía llamar por el nombre de otra persona y usaba otra identidad, tras lo que se procedió a su detención y posterior puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de Granada.