Un día como hoy de 1979 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que la homosexualidad quedaba excluida de la Ley de Peligrosidad Social, una legislación que comportó que los gays y transexuales encarcelados por su orientación sexual fueran los últimos en quedar libres, ya que no pudieron beneficiarse de los indultos y amnistías para presos políticos durante la transición.
El presidente honorífico de la Coordinadora Gay-Lesbiana, Jordi Petit, ha celebrado que España sea el primer país que concederá indemnizaciones a los presos víctimas de una legislación que perseguía a las personas por su orientación sexual.
No obstante, ha advertido que tanto la Coordinadora como el movimiento gay en general reclaman que esas indemnizaciones sean mayores para compensar el agravio comparativo que sufrieron los homosexuales respecto a los presos políticos y por los años que se retrasó su amnistía.
Pese a la igualdad legal conseguida en España, que para Petit constituye "un oasis en el mundo", ahora es necesario conquistar la igualdad social y combatir las "discriminaciones en la vida cotidiana", que, en su opinión, exigen educación pero también sanciones.
En ese sentido, preocupa al activismo gay la "bajada de la guardia" respecto al sida entre todo tipo de jóvenes, el "difícil encaje" de los jubilados homosexuales en las residencias de ancianos o el acoso escolar que sufren numerosos adolescentes, a menudo por su identidad sexual.
El otro gran deber del movimiento es la solidaridad internacional, según Petit, que advierte de que cada dos días un gay es asesinado entre México y Brasil y que la homosexualidad es ilegal en 86 países y en otros siete castigada con pena de muerte.
JWS
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