En este sentido, la Fiscalía especial de Medio Ambiente refleja también que la ausencia de peticiones de demolición, así como el "improcedente" uso del comiso como posibilidad alternativa ante la ausencia de demolición son las principales anomalías o ausencias en los escritos de acusación del Ministerio Fiscal.
Según el informe, otras anomalías que se han podido corregir son la celebración de conformidades en la materia, que en la práctica supone que no se pueda llevar a cabo la demolición o la falta de petición de la inhabilitación especial cuando la misma está prevista en al normativa penal ambiental.
La memoria apunta, "salvo algunas excepciones", una tendencia a cierta estabilidad en el número de procedimientos por infracciones urbanísticas, como por ejemplo en Tenerife, pero, sobre todo una disminución de éstos, como en Granada, Jaén, Almería, Pontevedra, Cádiz, Cantabria o Navarra.
Esta disminución se debe, en parte, según las fiscalías a la crisis económica y al número de sentencias condenatorias dictadas en los últimos años. Otras causas adicionales de este 'declive', según la memoria de Cádiz, es el mejor cumplimiento por parte de las administraciones locales de la normativa urbanística y el menor número de investigaciones abiertas por falsedad documental en el otorgamiento de hipotecas.
Por ejemplo, en Sevilla ha disminuido la preponderancia de delitos urbanísticos frente a otras modalidades delictivas, aunque la complejidad de los asuntos urbanísticos en el presente es infinitamente superior.
DESCONOCIMIENTO DE JUZGADORES
Respecto a las demoliciones, el informe considera que se trata de una medida legal inmersa en una situación "un tanto paradójica", ya que siguen planteando "serios problemas". Por ejemplo, en Cáceres las razones expresadas en las sentencias condenatorias para evitar la demolición, según la Fiscalía de Medio Ambiente, "hacen dudar de la existencia del conocimiento más elemental por parte de determinados juzgadores sobre las características y naturaleza de la citada medida".
Igualmente, denuncia que la Fiscalía de Jaén alude a la "extraordinaria reticencia" de los jueces a la hora de dictar demoliciones y que en Valencia, la actitud de la Audiencia deja de aplicar o anula sistemáticamente las demoliciones, sin respetar, con ello, la jurisprudencia de la Sala II del Tribunal Supremo en la materia.
En el caso de Gerona, la "falta de experiencia judicial" ha provocado que se decretara una demolición que no estaba bien motivada y que por ello, ha sido revocada.
Asimismo, subraya la aceptación social de la demolición como parte del elenco de instrumentos a disposición de los organismos judiciales para afrontar la "lacerante problemática del urbanismo ilegal".
En este sentido, la memoria de Valencia refleja un aumento de las sentencias condenatorias que dictaban demolición. En 2011 el 37 por ciento de 29 condenas ordenaba la demolición y ese dato pasó en 2012 a un 63 por ciento, ya que de 30 sentencias condenatorias, 19 ordenaban demolición.
En el caso de Sevilla, se subraya que en zonas de singular proliferación de construcciones ilegales se han acordado más de 100 demoliciones y, en algunos casos con ingresos en prisión por no haber afrontado el propietario de la vivienda ilegal la demolición como forma de responsabilidad civil.
El documento destaca investigaciones "extensas y de amplio calado" en materia de urbanismo y pone de ejemplo la 'Operación Yate', que se ha desarrollado en las Palmas de Gran Canaria a raíz de la construcción ilegal de una veintena de hoteles en el término municipal de Yaiza, en la isla de Lanzarote.
Además, se refiere a la memoria de Sevilla que refleja unos 'Informes de Incidencia Territorial' que permite saber si las alegaciones de las defensas sobre las supuestas inminentes legalizaciones sobrevenidas de asentamientos ilegales "tienen visos de realidad o incluso de ser ciertas".
ABSOLUCIONES EN MADRID
Por otro lado, destaca las "serias divergencias" a la hora de sentenciar por los juzgados y secciones de la Audiencia que refleja la fiscalía de Madrid. De acuerdo con la memoria, mientras algunos órganos sentencia, condenando o no, tras un riguroso estudio de tan compleja materia, otros se distinguen por su "inalterable tendencia a absolver sin apenas argumentación jurídica al respecto".
Por su parte, la memoria de Sevilla alude a una "irreconciliable disparidad" de las resoluciones judiciales en materia de demoliciones, ya que tres secciones de la Audiencia la acuerdan con bastante regularidad mientras que en una cuarta sección no se aplica como regla general.
La Memoria da un tirón de orejas a la Fiscalía de Cáceres, ya que en su informe se denuncia el "elevado" número de resoluciones judiciales dictadas en esta materia en las que se absuelve o archiva argumentando la exigencia de un "dolo reforzado" sobre el conocimiento de los elementos esenciales del tipo por los promotores, una aspecto que, según apunta la Fiscalía, no es exigido ni por el Tribunal Supremo ni por el propio contenido de la norma penal.
Además, la Fiscalía de Pontevedra destaca una absolución en apelación respecto a la que la Fiscalía sospecha que se dictó por la demora de tres años y medio que tardó en redactarse la sentencia, ya que de haberse confirmado la condena, seguramente la defensa hubiera instado la nulidad. "La memoria expresa su temor de que este tipo de planteamiento se extienda en el futuro", apunta.
Mientras, la memoria de Asturias refleja que la totalidad de las sentencias dictadas por los tribunales de esa comunidad autónoma fueron de condena y, en la misma línea, la memoria de Zaragoza, expresa que el urbanismo es la materia en la que con mayor sencillez se obtienen sentencias condenatorias al "haber calado en la convicción judicial el hecho delictivo como infracción administrativa criminalizada".
PREVARICACIÓN URBANÍSTICA
En el ámbito de prevaricación en ordenación del territorio, la memoria de Cáceres subraya el "elevado número de casos" de prevaricación urbanística que se están dando en la provincia, de los que "no se salvan ni los pequeños ni los grandes municipios" y que ofrecen "variedades surtidas de prevaricación".
En esta línea se pronuncian también las memorias de Córdoba, Murcia y Cádiz, mientras que la de Almería destaca el "elevado" número de procedimientos penales tramitados contra autoridades municipales por delitos relacionados con la ordenación del territorio.
Por su parte, la memoria de la Fiscalía de Sevilla ofrece una lista de asuntos de prevaricación que son de naturaleza "mayoritariamente urbanística" que ponen de manifiesto el "elevado número de anormalidades administrativas que siguen produciéndose en esta materia".
La fiscalía de Gerona ha mantenido en 2012 la presentación de denuncias por corrupción municipal relacionadas con cuestiones urbanísticas iniciadas en 2009. De las 15 diligencias de investigación abiertas en 2012, diez son de delitos de prevaricación urbanística.
Sin embargo, la situación de Gerona "resume una situación que con mucha frecuencia en el resto del país" y por la que muchos de los atestados abiertos (en esta materia) están motivados por la previa ineficacia real de las actuaciones sancionadoras de las ilicitudes urbanísticas, competencia de las administraciones locales.