La Comisión Europea estima que los procesos paralelos que deben afrontar ahora las parejas formadas por ciudadanos de distintos estados miembros o que residen en un tercer país que no es el de origen de ninguno de los dos suman alrededor de 1.100 millones de euros cada año.
"A partir de ahora los casi 16 millones de parejas internacionales que viven en la Unión Europea contarán con seguridad jurídica, mejor acceso a la justicia y reglas armonizadas", ha destacado el eurodiputado responsable de la posición de la Eurocámara, el liberal francés Jean-Marie Cavada.
La normativa permitirá gestionar los regímenes económicos de matrimonios y parejas de hecho a través de un único instrumento europeo. Para ello, se aplicará un reglamento comunitario sobre los regímenes económicos de los matrimonios transfronterizos y otro, también común, sobre las consecuencias patrimoniales de las uniones de hecho.
Ello permitirá determinar qué tribunal tiene jurisdicción y qué legislación ha de aplicarse en cada caso. También facilitarán el reconocimiento y aplicación en otro país de sentencias dictadas en un Estado miembro sobre cuestiones patrimoniales.
En cualquier caso, la legislación de familia continúa siendo competencia exclusiva de las autoridades nacionales.
Además de España, participan en la cooperación reforzada Bélgica, Bulgaria, Chipre, la República Checa, Alemania, Grecia, Francia, Croacia, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Austria, Portugal, Eslovenia, Finlandia y Suecia. Otros países podrán unirse más adelante, como Estonia, que ya ha comunicado su intención de hacerlo.