Los estudios han examinado la eficacia de la normativa comunitaria y concluyen que existen "disfunciones" en el sistema de la UE que dificultan la puesta en práctica de estas normas y que falta implicación de los Estados miembros.
Los expertos defienden que el problema "no tiene que ver con la concepción (de las normas) y por tanto no hay que enmendarlas", sino que hay que "mejorar su aplicación" para hacerla más eficaz. También ven necesaria una "mayor flexibilización" para permitir a cada gobierno nacional decidir si autorizar o no el cultivo de un organismo genéticamente modificado (OGM) en su territorio.
Las mejoras que apoyan los informes solicitados por el Ejecutivo comunitario van en la línea de los cambios legislativos que el comisario de Salud y Protección al Consumidor, John Dalli, trata de sacar adelante en negociaciones con los Veintisiete y el Parlamento Europeo.
Bruselas quiere que los países de la Unión Europea tengan más libertad para vetar el cultivo de transgénicos en su territorio, pese a que sí esté autorizado en el resto de la Unión Europea, pero cuenta con la oposición por distintas razones de varios Estados miembros, entre ellos España.
Los expertos también piden a los países una mayor implicación y lamentan que los gobiernos decidan salvaguardas o vetos a determinados OGM basándose en "objeciones éticas o socioeconómicas", anteponiendo razones políticas a las "científicas".
Además advierten de la necesidad de aclarar la metodología y la información utilizada para autorizar o vetar el cultivo de un transgénico en la Unión Europea porque consideran que el procedimiento existente tiene "disfunciones" que dificultan y ralentizan su aplicación.
El cultivo de transgénicos en países terceros es cada vez mayor, por lo que es previsible que la presencia de OGM aunque sea en un nivel mínimo pero no autorizado por la UE también vaya en aumento y dificulte la importación de piensos que necesita el mercado comunitario, apuntan los expertos. "Hay que acelerar la búsqueda de una solución", añaden.
España es el país de la UE que más cultivos de OGM tiene, con un 80 por ciento de la producción comunitaria. La UE autoriza el cultivo de sólo dos transgénicos, el maíz MON810 y la patata Amflora.