La Fiscalía de Menores, asimismo, se ha hecho cargo del caso para la toma de declaraciones a las distintas personas presuntamente involucradas en estos hechos, acompañados por sus padres o tutores legales, aunque en este caso no tienen responsabilidades penales por la edad de los mismos. Los hechos ocurrieron el 5 de marzo y la madre de la estudiante, al tener conocimiento del suceso, denunció a los estudiantes ante el propio centro y en dependencias judiciales.
La dirección del IES, como primera medida, ha expulsado a los alumnos por un periodo de cinco días prorrogable hasta los 30 días hasta concluir el expediente por coacciones, que podría acabar con la expulsión del centro y su traslado a otro instituto de Melilla. La Fiscalía, por su parte, también ha iniciado sus propias pesquisas y ver cuáles son las opciones legales que pueda acometer ante un caso de este tipo.
Los presuntos agresores, aún cuando se encuentran expulsados en estos momentos, tienen derecho a asistir a exámenes o entrega de trabajos que puedan producir desde la toma de dicha medida disciplinaria, en aplicación del Régimen Interior de los centros de enseñanza.