Así lo ha solicitado el fiscal Pedro Martínez Torrijos en el recurso de apelación que hoy ha presentado ante la sala de lo penal, en el que destaca que Israel tiene "carácter preferente" para llevar a cabo esta investigación porque "está conociendo de los hechos".
El fiscal ya pidió el pasado 2 de abril el archivo provisional de la investigación, al entender que de la documentación facilitada por Israel al tribunal se desprende que aún se están investigando estos hechos, lo que se traduciría en la falta de competencia de la Justicia española para instruir la causa.
Sin embargo, Andreu desestimó su petición y el pasado lunes dictó un auto en el que defendía la competencia del tribunal español diciendo que no consta que la Justicia israelí investigara los hechos y sostenía, además, que, aunque lo hubiera hecho, de la Convención de Ginebra se desprende la competencia "concurrente" de la Audiencia Nacional, dada la naturaleza de los delitos investigados (crímenes de guerra).
Según el recurso del fiscal, en Israel ha habido tres investigaciones: una llevada por el fiscal general militar, otra por el fiscal general del Estado de Israel y una tercera revisión judicial del Tribunal Supremo de aquel país, y subraya que todas ellas responden a los "cánones mínimamente exigibles en un Estado de Derecho".
Ambos cargos del Ministerio Público israelí consideraron que la actuación de las fuerzas aéreas israelíes -el lanzamiento desde un avión de combate israelí, un F-16, de una bomba de una tonelada en el barrio de Al Daraj de Gaza contra la casa del dirigente de Hamás Salah Shehade- se habían respetado los "principios de distinción y proporcionalidad", mientras que el Tribunal Supremo encargó una investigación a una comisión, añade el recurso.
Estas actuaciones de las diferentes autoridades judiciales, añade el fiscal, "satisfacen plenamente las exigencias derivadas de la aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva por una justicia independiente e imparcial".
Para Martínez Torrijos, Andreu hace una "errónea interpretación" sobre la naturaleza de los órganos judiciales, lo que, según el fiscal, "obedece a una confusión conceptual" consistente en identificar investigación criminal con investigación realizada por un juez de instrucción, un modelo procesal vigente exclusivamente en España -"y con matices en la vecina Francia", detalla-, y no en Israel.
Además, el fiscal precisa que tras esa "errónea" interpretación "late una desconfianza absoluta hacia un sistema judicial de un Estado de derecho".
El pasado 29 de enero Andreu imputó al ex ministro de Defensa de Israel Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares de ese país un delito contra la humanidad por un ataque "desproporcionado" en la franja de Gaza el 22 de julio de 2002, en el que además de morir Salah Shehade y catorce civiles resultaron heridas otras 150 personas.
Para el magistrado, aunque el caso llegó hasta el Tribunal Supremo israelí, éste se limitó a dar por buena "la decisión de la Fiscalía Militar de no abrir una investigación criminal" sobre los hechos.
"Buena prueba de ello -según Andreu- es que los aquí querellantes (la Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe), víctimas del 'ataque preventivo', se han visto obligados a acudir a la jurisdicción española para que se proceda a la apertura de una investigación judicial".