En su escrito de acusación para la apertura de juicio oral, que se celebrará en octubre, el Ministerio Público señala que "desde el inicio" de ese curso la docente, cuya identidad responde a las iniciales A.G.R., "valiéndose de su posición y con intención de atentar contra la integridad de los alumnos, era habitual que sometiera a menores de tres años a castigos severos y humillaciones que afectaban a su normal desarrollo".
"El comportamiento de la acusada con sus alumnos excedía de su derecho de corrección, atentando contra la dignidad personal de los menores", añade la Fiscalía en su escrito, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press.
La acusación pública pide una pena de dos años de prisión y la prohibición de "aproximarse y comunicarse" con doce niños durante tres años, así como "suspensión del ejercicio docente en cualquier centro público o privado" durante el tiempo de la condena por un supuesto delito contra la integridad moral.
Por el de maltrato solicita otros doce meses de prisión, prohibición de acercarse y contactar con uno de los niños durante tres años e idéntica inhabilitación profesional.
Las familias de dos de los niños presuntamente maltratados ejercen la acusación particular. Una imputa a la acusada un presunto delito de trato degradante y otro leve de lesiones con agravante de alevosía y solicita dos años de cárcel e inhabilitación especial, dos meses de multa a razón de diez euros por día y el pago, por parte del colegio, de 18.000 euros.
Otra familia se inclina por imputar un delito de trato degradante (dos años de prisión, tres de alejamiento y de suspensión del ejercicio docente y que el colegio pague 50.000 euros).
La Fiscalía considera que el centro, "pese a ser conocedor de dichos comportamientos, no adoptó medidas al respecto" y el Juzgado de Instrucción, en el auto de apertura de juicio oral, ha declarado "la responsabilidad civil directa y solidaria de la acusada y del colegio y subsidiaria de su aseguradora" y ha requerido a los dos primeros una fianza de 50.000 euros.
La Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI) de Ceuta ha elaborado un informe psicológico en el que ha concluido que "se aprecian indicadores compatibles con una situación de maltrato físico y psicológico, siendo el relato de los menores congruente con experiencias vividas de manera habitual".
"De los relatos de algunos de los menores se desprende que han vivenciado castigos físicos y humillantes en la escuela", señala el dictamen, que explica que aunque la acusada solo reconoció haber metido a un niño en la papelera o la "inmovilización" en un carrito de bebé "una vez", en sus declaraciones "se aprecia cómo percibe a los menores de manera negativa, tratando como problemas de disciplina los comportamientos propios de etapa psicoevolutiva y las características particulares de cada uno (hipoacusia, síntomas de hiperactividad y déficit de atención)".
A renglón seguido, considera que "la puntualidad de los hechos que relata [la maestra] no concuerda con el relato de los menores, que lo cuentan de tal manera que parecen corresponder a experiencias vividas de manera habitual dentro del aula". "De las declaraciones del Equipo Directivo se aprecia que eran conocedores del castigo de la papelera", añade.