Según informa la presidenta de la organización, Lourdes Reyzábal, la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid ha decidido cesar su protección y tutela, por lo que el chico, que responde a las iniciales M.K, tendrá que abandonar en las próximas horas el centro de acogida de menores en el que actualmente reside.
La decisión responde a un Decreto dictado por la Fiscalía de Menores que determina que es un adulto, basándose en unas pruebas de estimación de la edad que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no deberían practicarse a nadie con documentación oficial del país de origen en regla.
En este caso, según Fundación Raíces, el chico acredita que tiene 16 años con su acta de nacimiento, un extracto del acta de nacimiento, una Carta de Identidad Consular de Malí y un pasaporte original expedido por la Embajada de Malí en Madrid.
"Toda esta documentación, no invalidada por nadie, le consta al Fiscal de Menores de Madrid, Don Agustín Herrero, que ha sido quien ha decretado su mayoría de edad, en contra de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que prohíbe la realización del procedimiento de la determinación a los menores que estén documentados a través de sus embajadas, consulados o registros civiles de sus países de origen", dice Fundación Raíces.
M.K, nació en Malí y huyó de Gao cuando tenía 12 años. Había presenciado el secuestro de sus dos hermanos pequeños a consecuencia del conflicto que estalló a principios de 2012 en la región promovido por grupos islamistas radicales. El niño consiguió llegar al monte Gurugú, en las inmediaciones de Melilla, en junio de 2014 y según su testimonio, sufrió varias devoluciones automáticas a Marruecos en la valla fronteriza.
Consiguió entrar en España el 2 de diciembre de 2014 y llegó a Madrid tres meses después. Allí, acompañado por Fundación Raíces, tramitó su documentación y una vez acreditada su minoría de edad, solicitó sin éxito protección al sistema de menores. En abril de este año, cuando la organización seguía peleando por conseguirle tutela pública, la Policía Nacional se encontró al chico en la calle y lo llevó a un centro de acogida.
"La Policía no dudó ni un segundo en que M.K era menor de edad en situación de desamparo y grave riesgo, y le traslado al Grupo de Menores de la Policía Nacional, que esa misma noche le puso a disposición de los Servicios de Protección de Menores, ingresando el menor en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza", explica Fundación Raíces.
Con todo, Fiscalía hizo las pruebas y decretó que era un adulto. "La actuación llevada acabo con M.K, por parte de la Fiscalia de Menores y de la Comunidad de Madrid es contraria a la legislación de Extranjería, a los convenios internacionales en materia de protección de menores, a la ley de Protección Jurídica del Menor y a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo", dice Raíces, que ha solicitado también una medida cautelar al Juzgado de Primera Instancia nº25 de Madrid para que mantenga al chico en acogida sin haber obtenido "respuesta alguna".