Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo dirigida a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, que ha sido recogida por Europa Press, y en la que detalla también que esta asignatura se situará, según la reforma educativa, en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica porque es, en este bloque, en el que las competencias de las comunidades autónomas "operan plenamente".
En este sentido, defiende que tampoco existe la posibilidad de que un alumno pueda obtener su título sin haber acreditado conocimientos suficientes en esta asignatura, dado que se trata de una materia evaluable.
La evaluación se hará de forma simultánea al resto de las asignaturas y tendrá el mismo tratamiento que, por ejemplo, la 'Lengua Castellana y Literatura', si bien los criterios de evaluación serán fijados por la comunidad autónoma, según confirma.
"Además, a lo largo de todo el texto del proyecto de ley se hace referencia a ambas asignaturas (Lengua Cooficial y Literatura y Lengua Castellana y Literatura) en total paridad", defiende el Ejecutivo.
El tema del aprendizaje de las lenguas cooficiales es el principal punto de rechazo de los grupos nacionalistas en el Congreso de los Diputados a la LOMCE, y una de las principales razones por las que CiU o el PNV, por ejemplo, están en contra de esta normativa y pedirán la enmienda a la totalidad del texto del Gobierno.
LA LENGUA COOFICIAL ES UNA RIQUEZA
En su argumentación, el Gobierno esgrime que una de las riquezas de las comunidades con lengua cooficial es la capacidad que los niños desarrollan en el aprendizaje de las lenguas y, por tanto, insiste en que su intención es garantizar el derecho de los españoles a conocer y utilizar las lenguas cooficiales a través del sistema educativo, tal y como tiene declarado el Tribunal Constitucional, y dentro de los límites que ha marcado el Alto Tribunal en relación con la utilización de las lenguas cooficiales.
"Este Gobierno no va a cesar en su empeño por cumplir y hacer cumplir la Constitución, como es nuestro mandato", ha apostillado.
A través de la LOMCE, dice que se pretende incorporar a su articulado los mandatos derivados de la jurisprudencia constitucional como el reconocimiento a las lenguas cooficiales, que esas lenguas deben ser conocidas y alentadas por las autoridades educativas, que las autoridades educativas tienen el derecho de establecer el modelo de normalización lingüística que estimen oportuno.
Respecto al modelo que estimen oportuno, el Gobierno apunta que la LOMCE reconocerá que éste "puede suponer la discriminación positiva" a favor de alguna de las lenguas cooficiales, y que esa discriminación tendrá como límite la imposibilidad de exclusión de la otra.
"Los padres tienen derecho de elección de las lenguas que se les ofrezcan y que tienen derecho a que les sean ofrecidas las dos lenguas cooficiales, de la misma manera que las autoridades Educativas tienen la obligación de ofertar ambas", reitera el Gobierno.
Finalmente, reconoce que la LOMCE es un proyecto de ley "complejo", que clasifica las asignaturas en bloques, aunque ésta no está relacionada con la importancia de las asignaturas, sino con la distribución de competencias que sobre las mismas ejercen el Ministerio de Educación Cultura y Deporte y la comunidad autónoma.