Ángeles cuestionaba al Ejecutivo acerca de si los profesionales sanitarios deben tomar las decisiones sobre el número de hijos que desean tener las mujeres.
En respuesta, el Gobierno remarca que las decisiones sobre la vida sexual y reproductiva corresponden a cada persona, al mismo tiempo que los profesionales sanitarios han de garantizar el cumplimiento de esos derechos en las "mejores condiciones de salud" de las personas, bajo la "mejor evidencia científica disponible" y dentro de la legalidad y la normativa vigente.
Además, defiende que "todos" los profesionales sanitarios garantizan la salud de las mujeres.