Los representantes de las entidades impulsoras de la ILP de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) han ratificado este viernes "por unanimidad" el preacuerdo al que han llegado el Govern y la Comisión promotora de la RGC, que ha valorado positivamente el documento, ha explicado a Europa Press el portavoz Diosdado Toledano.
La ratificación --a la que han llegado en una reunión la tarde de este viernes, tras conocer el redactado final del preacuerdo-- permitirá firmar el acuerdo con la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat la mañana del lunes, con la intención de acelerar la aprobación de la ley en el Parlament.
La decisión llega tras meses de negociación con la Generalitat, y después de que este jueves pospusieran la decisión por desacuerdos en asuntos concretos, convocando una nueva reunión este viernes tras volver a tratar con el Govern por la mañana.
La Comisión promotora ha acordado realizar las gestiones necesarias para que el acuerdo se traslade a la redacción de la propuesta de ley en el Parlament, con el objetivo de que sea aprobada "en el plazo más breve posible" en la Cámara catalana.
La consellera Dolors Bassa ha celebrado el acuerdo conseguido con los promotores de la ILP y lo ha calificado de "gran paso adelante para combatir la pobreza y las desigualdades", en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.
La RGC se dirige a personas que no alcanzan el índice de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC), situado en 664 euros mensuales, y prevén que, si se aprueba con celeridad en el Parlament, pueda empezar a aplicarse este septiembre, cuando los beneficiarios cobrarían el 85% de la renta de suficiencia (564 euros) --según el preacuerdo--, y desplegarla paulatinamente hasta alcanzar el 100% en 2020 (664 euros).
El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) gestionará la prestación, que se reconocerá como un derecho subjetivo a partir de los 23 años, tras un periodo de residencia de dos o tres años en Catalunya, tras haber agotado todas las prestaciones posibles --como el paro-- y teniendo en cuenta que si una persona no se corresponsabiliza con el plan de inserción y empleo perderá 150 euros del pago.
La prestación pasaría de 836 a 996 en caso de un segundo miembro y de 75 a 100 euros mensuales por hijo (hasta un límite de tres), y se prevé que al final de su despliegue podría llegar a 70.000 hogares, con un presupuesto de entre 500 y 600 millones de euros.
FAMILIAS MONOPARENTALES
Será compatible con el cobro de prestaciones derivadas de la Ley de la dependencia, con becas de transporte y comedor escolar, y con el sueldo de un trabajo a tiempo parcial inferior al RGC en el caso de familias monoparentales.
Los impulsores pedían fijar el 2020 como fecha en la que sería compatible con el trabajo a tiempo parcial para todos los colectivos, pero la Generalitat, aunque en un inicio aceptó que se pudiera generalizar con los años, rechazó cerrar este aspecto porque desconoce si se podrá asumir económicamente para entonces y qué efectos podría tener en el mercado laboral.