Según informa la policía catalana, a los siete imputados les atribuyen los delitos de estafa continuada e intrusismo profesional, ya que conseguían, pese a no tener la acreditación para trabajar, que las víctimas, la mayoría ancianos, pagaran 100 euros por una revisión fraudulenta.
Los Mossos d'Esquadra calculan que esta empresa, cuyas estafas empezaron en diciembre de 2012, pudo haber engañado a unas 500 personas que firmaron contratos fraudulentos desde entonces, aunque por el momento solo se han denunciado 20 casos.
Los imputados simulaban ser operarios de una empresa subcontratada autorizada para hacer las revisiones y los contratos de mantenimiento legalmente establecidos, y para confundir a las víctimas utilizaban mensajes poco claros.
ESTAFA COMPLEJA
Además, el grado de preparación de la estafa era "bastante complejo", ya que utilizaban uniforme, logotipos, credenciales e impresos muy similares a los oficiales para conseguir que las víctimas les pagaran 100 euros en metálico por la revisión fraudulenta y también que contrataran servicios de mantenimiento posteriores.
Algunos trabajadores llegaron a cobrar a los usuarios por servicios de mantenimiento que luego ni siquiera daban de alta para la empresa, por lo que se apropiaban ellos mismos de ese dinero.
Les imputan intrusismo profesional porque solamente uno de los 13 trabajadores de esta empresa estaba correctamente inscrito en el registro que autoriza a realizar inspecciones, por lo que ninguno de ellos podía expedir el certificado de revisión legal.
Tras recibir la alerta del caso, patrullas de seguridad ciudadana del distrito de Sarrià-Sant Gervasi identificaron entre el 5 y el 6 de marzo a nueve operarios de la empresa cuando hacían las inspecciones fraudulentas, y el gerente y los responsables de la empresa fueron identificados posteriormente.
VECINA AFECTADA
Una de las víctimas de estos estafadores fue una vecina de la plaza Sant Gregori Taumaturg de Barcelona, Noushi Parghi, de 56 años, que ha explicado a Europa Press que la supuesta empresa revisora había colgado carteles en varios bloques de pisos de la zona avisando una semana antes de que iban a hacer una inspección, lo que le hizo pensar "que se trataba de algo oficial".
Dos operarios vestidos con un uniforme y con el logotipo de la empresa del gas acudieron al edificio, aprovechando una hora en que no estaba el portero, y aseguraron a los vecinos que debían inspeccionar sus calderas debido a un cambio de normativa.
Según el relato de Noushi Parghi, ella les contestó que tenía contratada a otra empresa barcelonesa y que su caldera había sido revisada tres meses atrás, pero aún así los dos revisores le dijeron que debían hacer la inspección, que duró "un minuto".
Entonces le reclamaron 100 euros en efectivo y ella les pagó con un talón, que le pidieron que lo hiciera al portador, algo que la "alertó", y que se confirmó cuando vio que la etiqueta que le habían puesto a la caldera era de la Comunidad de Madrid.
Con todo, la víctima estuvo a tiempo de anular el talón y de avisar a sus vecinos de la estafa y a los Mossos, ya que seis de ellos también habían pagado.