Este estudio se ha realizado a raíz de la publicación del Real Decreto de Sanidad y, concretamente, de la propuesta de hacer pagar a los inmigrantes sin papeles 710 euros anuales por la asistencia sanitaria a los menores de 65 años, y 1.864 euros a los mayores de esa edad.
Asimismo, la investigación hace énfasis en las consecuencias que se pueden derivar de la aplicación de las nuevas medidas. "Las personas no dejarán de enfermar porque un decreto lo regule, simplemente los esconderemos y, si hay que atenderlos, lo haremos en un recurso más caro y especializado, el de las urgencias", han asegurado los autores del informe.
En este sentido, han avisado de que en el caso en el que estas personas tengan algún tipo de enfermedad no van a poder ser atenidas debido a que, muchas de ellas, no tienen medios para ser atendidas o para comprar medicamentos. Un hecho que, han recalcado, va a dificultar que se pueda cortar la transmisión de enfermedades.