"Hay quien plantea la colisión de dos derechos: el individual de decisión de los padres y el de la salud pública. Obviamente desde la ética ciudadana y el mejor interés del menor, en casos de riesgos de enfermedad potencialmente mortal como es la difteria prevalece el derecho de protección del que velan los poderes públicos sobre la opinión de los progenitores", señala.
En este sentido, explica que "el Estado debe en lo posible informar y educar a los ciudadanos persiguiendo de forma punible a quienes transmiten mensajes antivacunas sin evidencia científica".
Asimismo, recuerda que "todo padre debe saber que de no vacunar a sus hijos y a consecuencia de generar esa situación de riesgo conllevar un contagio, son civilmente responsables, y susceptibles de ser privados de guardia y custodia".
Finalmente, considera que se puede aprender de lo ocurrido con el niño de seis años de Olot que afecto de difteria, y recomienda pensar en lo mejor para nuestros hijos y para la sociedad.