Legisladores y senadores de California han aprobado por abrumadora mayoría el proyecto de ley que busca prohibir que grandes compañías se lucren con el encarcelamiento de ciudadanos en prisiones privadas.
Esta ley incluye el cierre de centros de detención de migrantes indocumentados operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y prohibiría que el Departamento de Correcciones y Rehabilitaciones del Estado renueve contratos con este tipo de cárceles a partir de 2020. Las autoridades tampoco podrían enviar prisioneros a instalaciones lucrativas fuera de California después de enero de 2028.
Se estima que alrededor de 7 mil californianos fueron encerrados en este tipo de cárceles desde 2016.
El gobernador Gavin Newsom tiene hasta el 13 de octubre para firmar el proyecto de ley. Todo apunta a que sí lo hará, ya que fue una de sus mayores promesas en la campaña electoral del año pasado.