"Es una discrepancia constitucional y legislativa y ya veremos cómo la solventamos", ha asegurado el ministro en declaraciones a los medios con motivo de su comparecencia en el Senado en la Comisión de Educación y Deporte al ser preguntado por este asunto.
"Yo ya he dicho en varias ocasiones lo que creo: es un requisito de la Constitución el que cuando haya una iniciativa parlamentaria que implica un aumento de gasto o una disminución de los ingresos hay que justificarlo, o si no, no se puede llevar a cabo. La Mesa del Congreso es soberana en su interpretación; yo discrepo de ella pero no sé lo que vamos a hacer", ha indicado.
En este punto, ha señalado que "es el Gobierno el que tiene que tomar la decisión" aunque ha insistido en que "es un tema de principio, no de contenido" pues, como ha recordado, "el contenido ya esta resuelto", en alusión al real decreto ley aprobado el pasado viernes, 9 de diciembre, que modifica las 'reválidas' de la LOMCE.
"Por lo tanto no estamos valorando el contenido de una proposición de ley, en este caso sobre la LOMCE, sino si es posible presentar una iniciativa parlamentaria, en este caso una proposición de ley, que vaya en contra de un artículo de la Constitución", ha precisado.
El Gobierno ha pedido paralizar la tramitación de un total de 16 proposiciones de ley planteadas por la oposición o por parlamentos autonómicos y lo justifica en que, si salieran adelante, supondría una desviación presupuestaria de más de 6.100 millones de euros y pondrían en riesgo el cumplimiento del plan de estabilidad comprometido con Bruselas.