"Espero ahora que para esa inversión que ha quedado congelada exista un plan de reutilización como propuso Greenpeace para que el valor añadido ahí acumulado se recupere, se genere empleo, y la zona se pueda restaurar ambientalmente volviendo a tener el valor natural que tiene", ha señalado a Europa Press, tras conocer la sentencia del Supremo conocida este jueves en la que se declara que el hotel fue construido en una zona no urbanizable.
En concreto, se trata de una propuesta que la organización ecologista Greenpeace lanzó en 2012 ya que es posible reciclar hasta un 98% el material del hotel, se produce una menor agresión ambiental
recuperación ambiental, y cuyo coste es similar la de la demolición tradicional.
Sobre la demolición, Narbona insiste en que ya se ha reconocido que ésta corresponde a la Junta de Andalucía, si bien sostiene que el siguiente paso que dé en torno al hotel deben protagonizarlo tanto la administración central como la autonómica.
Así, confiesa que está "muy satisfecha" por "la victoria legal" alcanzada, ya que indica que ella, como ministra, comenzó la expropiación de la parte del hotel que invadía la zona de protección establecida por la Ley de Costas de entonces.
"Pienso en la cantidad de años que han sido necesarios para que se haga efectiva la ley y la cantidad de inversión que ha quedado inmovilizada en ese tiempo", ha sentenciado Cristina Narbona.