Esta familia, cuya hija de 14 años era novia del asesino confeso de Marta del Castillo, Miguel C.D., lo acogió en su domicilio después de la desaparición de Marta, el 24 de enero pasado, y hasta su detención el 13 de febrero.
La familia se había visto envuelta en una nueva polémica después de que una tercera declaración ante la Policía de la adolescente llevase a finales de septiembre a buscar el cadáver de Marta en una zanja situada tras el domicilio, con el mismo resultado negativo de anteriores búsquedas en el río Guadalquivir y en un vertedero de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
La joven dijo primero a la Policía que no sabía nada, luego que Miguel le había confesado haber matado a Marta de un golpe con un cenicero y el pasado 13 de septiembre, ocho meses después del crimen, reveló que Miguel le había confesado que había arrojado el cuerpo "detrás de la casa".
La vivienda se encuentra vacía desde la semana pasada y su propietario acaba de limpiar la fachada y ha emprendido mejoras y cambio de las puertas.
Según la nueva versión de la menor, la noche del asesinato Miguel salió por la ventana del dormitorio que compartían hacia la una y media de la madrugada y le comunicó que debía desplazarse a su propio domicilio en la calle León XIII de Sevilla, donde había quedado con su hermano Francisco Javier. La menor aseguró que el asesino confeso hizo los primeros metros a su salida y los últimos de su regreso con el motor de su moto apagado, para no llamar la atención.
Samuel vuelve a pedir la libertad
Por otra parte, el abogado de Samuel B.P., el joven acusado de ayudar a deshacerse del cadáver de Marta, ha solicitado de nuevo al juez la libertad de su cliente, que le ha sido negada en dos ocasiones anteriores por el mismo magistrado y una vez por la Audiencia provincial.
Samuel, de 17 años, está encarcelado desde el 17 de febrero en la prisión de Huelva por su presunta participación en el traslado del cadáver de Marta tras el asesinato presuntamente cometido por su amigo Miguel.
Su defensor argumenta que la pena máxima prevista para los dos delitos que le imputan es de tres años de cárcel para el encubrimiento y cinco meses por profanación de cadáveres, por lo que "la medida más apropiada es la libertad"