Los alumnos objetores de la asignatura Educación para la Ciudadanía podrán seguir faltando a clase hasta que haya una decisión judicial firme, han asegurado las organizaciones de padres católicos y centros de enseñanza privada, que piensan recurrir la sentencia del Supremo "hasta la misma ONU".
Así lo han afirmado, tras conocer la decisión del Tribunal Supremo, los portavoces de las asociaciones de padres de alumnos CONCAPA y COFAPA, la patronal de la enseñanza privada CECE, el Foro Español de la Familia, Profesionales por la Etica, Hazte Oír y los centros de enseñanza universitarios San Pablo CEU.
Según la interpretación de los padres, la sentencia "sólo afecta a los cuatro casos concretos" vistos por los magistrados.
"Nada cambia salvo para los cuatro casos analizados por el Supremo; todos los padres que tengan cobertura administrativa o judicial pueden perfectamente impedir a sus hijos entrar en clase", ha afirmado el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco.
Los padres que decidan seguir prohibiendo a sus hijos asistir a estas clases "no están cometiendo ninguna ilegalidad o acto nocivo para sus hijos", ha apuntado Blanco, quien ha subrayado que en las notas escolares "no serán evaluados, pero tampoco suspendidos", por lo que no puede afectar a su expediente académico.
Punto y final
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha asegurado que la decisión del Tribunal Supremo de negar el derecho a la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, es reflejo de que España es un Estado aconfesional y democrático.
"Celebro que con esto se ponga fin al debate", ha destacado. "Esta situación ha sido provocada por las malas decisiones de algunas comunidades autónomas que no han cumplido su deber de que los niños estén bien escolarizados", ha dicho Bermejo.
La sentencia del Tribunal Supremo considera que el contenido de la asignatura no lesiona los derechos de los padres y que por tanto "no existe" el derecho de objeción de conciencia.
El PP acata
El Partido Popular ha asegurado que respaldará las iniciativas que quieran adoptar los padres que objetan contra Educación para la Ciudadanía y ha garantizado que cuando vuelva a gobernar suprimirá esta asignatura, que es un "intento de meter doctrina política y partidista en las aulas".
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha llamado a la vuelta a las aulas. "Si no hay objeción de conciencia hay obligación de asistir a las clases", ha dicho la ministra.
Asegura que el departamento hará todo lo que esté en su mano, al habla con las CCAA, para que los alumnos objetores puedan "recuperar el tiempo" que hayan podido perder y se incorporen a la asignatura. Ha matizado que no se está refiriendo a una recuperación exactamente de clases, sino que se tomarán las decisiones pertinentes para que los muchachos puedan "ponerse al día" y "aprobar" la asignatura atendiendo a la situación particular de cada uno de ellos.
Impugnar los manuales
Los jueces admiten que pueden surgir problemas en la plasmación de la asignatura por parte de las editoriales que redactan los manuales. Por ello, entiende que los padres pueden impugnarlos "No tienen que tragarse todo lo que dicen los libros", explican. Sin embargo, esta impugnación no eximirá a sus hijos de estudiar Ciudadanía.
En estos casos, los padres tendrán que acudir primero a la inspección estatal y autonómica, luego a la administración y finalmente a la justicia.
La sentencia, que aún no ha sido redactada, no concretará qué se puede decir o qué no en los libros de texto, según fuentes jurídicas. "No establecerá categorías dogmáticas". LA
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