En concreto, han hecho entrega al relator de Naciones Unidas para el derecho a la Alimentación, Oliver De Shutter, de un "llamamiento urgente", pidiéndole que visite el estado español para "constatar la situación de vulneración del Derecho a la Alimentación" y "exigir al estado español el cumplimiento del Pacto Internacional para los Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas del que es signatario".
Según han explicado dichas organizaciones de la sociedad civil, la realidad del hambre y la subnutrición que afecta a la población infantil es "especialmente preocupante en España". "Familias castigadas por el paro y con graves problemas económicos son el tipo de perfil que engrosa las cifras de malnutrición infantil, que se sitúan a niveles alarmantes", han denunciado.
Asimismo, critican que "la realidad de malnutrición en la infancia, lejos de solucionarse, se acentúa con medidas estatales como la reducción de las ayudas para los comedores escolares", que "han ido socavando la protección necesaria para preservar los derechos humanos más básicos, entre los que se incluye el de la alimentación".
Además, advierten de que "esta realidad puede verse agravada en período vacacional", ya que "los escolares no contarán con los comedores en las escuelas, para algunos la única comida del día". Las organizaciones firmantes del manifiesto denuncian que, ante esta situación, el gobierno estatal no ha puesto en marcha ni una sola medida ni una política pública integral a favor del derecho a la alimentación.
"Los recursos públicos se están canalizando a través de organizaciones que hacen un importante trabajo asistencial pero que es insuficiente, es urgente que se aborde el problema desde un enfoque de derechos que vaya más allá de la visión asistencial y caritativa", han apostillado.
Por otro lado, han denunciado el papel de "la mayoría de comunidades autónomas", que según añaden estas organizaciones, "tienen numerosas competencias en esta materia y siguen recortando ayudas básicas que vulneran el derecho humano a la alimentación". En este sentido, concluyen que "en ningún caso existen políticas públicas que aborden esta situación desde un punto de vista estructural".