De hecho, la primera noticia de los cambios decididos por la Comunidad llegó tras leer el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM). Ni siquiera sus jefes saben aún que deparará a los funcionarios y a los trabajadores que desempeñaban sus labores en la defensa de la Sanidad Pública. "Nadie nos ha dado explicaciones ni nos ha explicado las consecuencias" de esta decisión, señala un portavoz.
Por eso, los trabajadores se han dirigido a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y al consejero de Sanidad, Juan José Güemes, mediante un comunicado en el que manifiestan su "preocupación y alarma ante esta situación". Añaden que consideran "estos decretos un grave error por las negativas consecuencias que tendrán para la salud de la población de la Comunidad de Madrid".
Daño a la Salud Pública
Según su portavoz, la desarticulación de la DG "entorpece enormemente la labor de la Salud Pública" y supone un "grave daño a la calidad de las intervenciones destinadas a la prevención de la salud de la población".
Funciones del ex Instituto de Salud Pública
Amenazas tan graves para la salud de la población madrileña como la crisis de "las vacas locas", las dioxinas de la carne de los pollos belgas, la legionella o la epidemia de meningitis, "se resolvieron eficazmente gracias a una intervención coordinada y eficaz de la Dirección General de Salud Pública. Estos problemas de salud seguirían siendo una amenaza y crearían alarma social de no haberse resuelto en su momento de una forma oportuna", señalan los profesionales afectados.
Con esta decisión, la Comunidad de Madrid se ha convertido en la única Comunidad Autónoma donde no existe un organismo centralizador de la Salud Pública. Según denuncian, sólo Aragón la suprimió pero tuvo que volver a "reestructurar lo que deshicieron". De ahí que lo sucedido en Madrid sea un "hecho insólito".
Posición de la CAM
Sin embargo, la Consejería de Sanidad defiende la decisión. Según este área, la nueva organización "permitirá una gestión sanitaria más ágil y desburocratizada" y "un mayor control y optimización del gasto sanitario". Además, con la unificación de los servicios de inspección sanitaria, farmacéutica y de salud pública, se pretende "ganar en operatividad y homogeneidad".
La Consejería de Sanidad insiste en que se trata de una "reorganización" que "no supone una merma en las competencias atribuidas a Sanidad". Según su comunicado, la nueva estructura permitirá un mayor conocimiento por parte de los ciudadanos de los programas de salud pública al integrarse en la atención primaria".