República Dominicana, Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina lideran en Latinoamérica los índices de trata de personas, de acuerdo con especialistas que participaron en la Segunda Reunión de Altas Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Autoridades y organizaciones asistentes al encuentro coincidieron en la necesidad de aplicar medidas para castigar "a los clientes" que "alimentan el círculo de explotación sexual", que junto al trabajo forzado y las prácticas de esclavitud son las principales formas de trata de personas, según las conclusiones de la conferencia.
Las naciones también pidieron a la OEA que elabore un plan de acción regional para enfrentar "de forma mancomunada" estos delitos que afectan a miles de personas.
"República Dominicana, Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina son los países con mayores problemas en trata de personas, pero también otros que se pensaban inmunes, como Chile y Uruguay, empiezan a afrontar graves inconvenientes en este tema", explicó a Efe el representante para el Cono Sur de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Eugenio Ambrosi.
No obstante, destacó "los esfuerzos de Argentina y Brasil" para combatir la trata de personas, que aún no está incluida como delito en varios países de la región, lo cual "es una falta básica" que impide reducir su magnitud, dijo.
El experto indicó que la crisis económica "alimenta aún más" las posibilidades de expansión de la explotación sexual y laboral, que "creció en los últimos años" a expensas de redes delictivas internacionales que captan a través del engaño a víctimas ilusionadas con la supuesta oportunidad de un futuro mejor.
"No hay razón lógica para pensar que este fenómeno está disminuyendo. Todo lo contrario. Seguramente está creciendo porque hay ambiente internacional y condiciones para que estos delitos aumenten", admitió Ambrosi, tras participar la reunión que concluyó hoy en la capital argentina.
El subsecretario de Educación de Uruguay, Felipe Michelini, lamentó, en declaraciones a Efe, "la total falta de estadísticas confiables" sobre el número de víctimas y los inconvenientes en las fronteras que facilitan la propagación de estos delitos.
"Se forman clubes cerrados de países pensando que pueden resolver el tema migratorio, cuando no es así", advirtió Michelini, quien encabezó la misión uruguaya que asistió a la cita, iniciada el miércoles.
El procurador general adjunto de República Dominicana, Frank Soto, reconoció a Efe que su país está "realmente afectado por la trata de personas", además de que tienen "una frontera porosa con Haití".
"Muchas mujeres viajan a Argentina, España y Holanda para ejercer la prostitución y, de ellas, una parte están en condiciones de trata", aseguró.
Según el documento final de la convención, existe la "necesidad de visualizar la acción negativa del denominado cliente o usuario de la trata con propósitos de explotación sexual" y "evitar que las víctimas sean detenidas o sancionadas".
"Los tratantes no paran, las desapariciones de víctimas son terribles. Tenemos denuncias todos los días", manifestó a Efe Susana Trimarco, titular de la fundación María de los Ángeles, dedicada a la lucha contra la trata de personas y galardonada por los Gobiernos de Argentina y Estados Unidos.
Trimarco, madre de una joven desaparecida hace siete años, un caso emblemático en Argentina, dijo que hay al menos 421 tratantes que operan en el país, de acuerdo con datos de la fundación, que ayudó a la liberación de 367 víctimas de este delito.
Ambrosi afirmó, además, que en 2008 cerca de 800 mujeres desaparecieron solo en Argentina y "seguramente varias de ellas son víctimas de trata de personas".
Durante la inauguración del encuentro, el canciller argentino, Jorge Taiana, denunció que la trata de personas constituye la tercera actividad ilícita más lucrativa en el mundo, solo superada por la venta ilegal de armas y drogas.
"Se calcula que el número total de víctimas oscila anualmente entre 800.000 y más de dos millones", de los cuales cerca del 80 por ciento son mujeres y niños, precisó el ministro.