El objetivo final de la formación morada es garantizar siempre una vivienda pública con todos los suministros a las mujeres que sufran violencia por el hecho de serlo, ampliando el concepto que recoge la normativa española, que data de 2004 y que restringe el delito de violencia de género a aquel que se produce en el ámbito de la pareja.
En su propuesta, establece que estas mujeres tendrán garantizada una vivienda pública cuando esté en situación de precariedad económica por la violencia padecida, cuando el acceso a una vivienda sea necesaria para recuperarse y para evitar la convivencia con el presunto autor de dicha violencia, aunque no medie una relación de pareja o expareja.
UN SECTOR "ESPECIALMENTE VULNERABLE"
"Las mujeres que son víctimas de distintos tipos de violencia son un sector especialmente vulnerable, y por ello es obligación del Estado proteger y garantizar sus derechos, así como los de sus hijos e hijas, en materia de vivienda", sostiene la formación que lidera Pablo Iglesias.
En la justificación de la iniciativa, señala como "imprescindible" ampliar los sistemas de protección a todas las formas de violencia contra la mujer de acuerdo con lo exigido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer de la ONU y con el Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul).
LA VIGENTE NORMATIVA
La Ley Integral de Medidas de protección contra la violencia de género, de 2004, establece que es violencia de género aquella que "comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad" en el ámbito de una relación de pareja con o sin convivencia.
En la justificación de su proposión de ley, Podemos recuerda que en la mencionada norma establece a las mujeres víctimas de violencia de género como colectivo prioritario en el acceso a vivienda protegida y residencias públicas para mayores. Eso sí, la propuesta de la formación morada iría más allá estableciendo la necesaria inmediatez en el acceso a la vivienda.
"La inmediatez en este asunto es crucial, tanto para facilitar la toma de decisiones de la mujer violentada como para asegurar condiciones de dignidad en sus vidas y las de su entorno familiar. De otro lado, este artículo deja fuera de su ámbito de aplicación a otras violencias machistas que se producen contra las mujeres", justifica.
Podemos plantea que podrán acreditar su condición de mujer violentada por violencia machista (para tener acceso a una vivienda de no tenerla) cuando exista: sentencia condenatoria firme; orden de protección o resolución judicial que hubiera acordado la adopción de medidas cautelares de protección a la víctima en vigor; informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia; certificación o informe de los servicios sociales de la administración pública competente.
La formación que lidera Pablo Iglesias también plantea en el acceso a la vivienda pública que se flexibilicen los requisitos que con carácter general se establecen para su acceso, exceptuando a las mujeres víctimas de violencia machista de la prohibición de ser titulares de pleno dominio o derecho real de uso y disfrute de otra vivienda. Según establece, el plazo máximo de resolución para estos acsos será de 30 días desde la presentación de la solicitud.