El PP propone en el Congreso que el anunciado 'Plan contra la pobreza' contemple una nueva regulación para las ONG

EUROPA PRESS 01/06/2013 11:56

Se trata de una proposición no de ley, recogida por Europa Press, y que los 'populares' han presentado para su debate en el Pleno de la Cámara Baja, con el objetivo también de seguir impulsando reformas estructurales que permitan recuperar la senda del crecimiento económico y la creación de empleo.

Esta iniciativa plantea igualmente al Ejecutivo que avance hacia una mayor colaboración con las administraciones públicas implicadas en el desarrollo de los distintos procesos abiertos de protección social, teniendo en cuenta la participación de los actores sociales como las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social.

Además, le pide que colabore con las comunidades autónomas en el estudio e impulso de medidas dirigidas a mejorar la gestión y eficacia de las políticas sociales, garantizando la protección social de las personas y familias que se encuentran en situaciones de especial necesidad, poniendo especial atención en la pobreza infantil.

LA POBREZA EN ESPAÑA

Según argumenta el PP, las situaciones de exclusión, pobreza y de vulnerabilidad social son fenómenos estructurales son consecuencia de la actual crisis económica se han intensificado. Así, cita a la encuesta de Condiciones de Vida, publicada en 2012, por el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se refleja que uno de cada cinco ciudadanos residentes en España se encuentra por debajo del umbral de pobreza, es decir, vive con menos de 7.355 euros al año.

Además, ha aumentado el porcentaje de hogares españoles que llega a fin de mes con "mucha dificultad", el 12,7 por ciento frente al 9,8 por ciento de 2011.

Según el informe sobre riesgo de pobreza y exclusión social en la UE27, publicado por la oficina estadística comunitaria Eurostat con datos de 2011, España se sitúa, junto a Rumania, Bulgaria y Grecia, entre los países de la Unión Europea con una mayor tasa de población en riesgo de pobreza, casi el 22 por ciento, 10,3 millones de personas, frente al 17 por ciento de media en la UE, según subraya el PP.

Estos datos, alimentados por la "grave destrucción de empleo" que ha sufrido España en los últimos años, han llevado al Gobierno a redoblar sus esfuerzos en ayudar a las personas que menos recursos tienen para cubrir sus necesidades diarias, según defiende el PP, a la vez que subraya que la crisis y el consecuente desempleo han provocado que el perfil de los usuarios de los comedores sociales cambie.

En este sentido, defiende que medidas como la exención del pago de medicamentos a los parados de larga duración, el reforzamiento y la prórroga automática del Plan Prepara hasta que la tasa de paro se sitúe por debajo del 20 por ciento, el incremento en un 22,92 por ciento de la dotación asignada para el pago de las pensiones no contributivas, o la posibilidad de acogerse a la dación en pago de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas para las familias se encuentren en el umbral de exclusión, son algunos de los ejemplos que muestran una "mayor sensibilidad" del Gobierno de España en esta materia.

Pero a pesar de todo, lamenta que existen millones de españoles que precisan de la ayuda de entidades sin ánimo de lucro que prestan de forma altruista y desinteresada un servicio y unos recursos que, hoy si cabe, se vuelven "todavía más importantes" de acuerdo con las circunstancias económicas coyunturales.

De hecho, destaca que las organizaciones del Tercer Sector (voluntarias y sin ánimo de lucro) han dejado de ser un fenómeno residual y constituyen actualmente una fuerza social. Así, detalla que durante las últimas décadas han crecido cuantitativa y cualitativamente, ha aumentado igualmente el número de voluntarios y se ha incrementado notablemente su reconocimiento y valoración social.

"De ahí la necesidad de abordar una de las principales demandas de estas entidades, la de desarrollar un nuevo marco regulatorio del tercer sector, más acorde con la realidad y evolución del sector en los últimos años, ya que el marco regulatorio que ampara hoy las entidades del Tercer Sector no resulta el más adecuado para hacer frente a las nuevas necesidades sociales", justifica el PP.