El juicio determinará la responsabilidad de Andal Ampatuan, hijo de uno de los mayores caciques de la isla de Mindanao, y a quien se acusa de capitanear al centenar de sicarios que el 23 de noviembre de 2009 secuestró y mandó asesinar a un grupo de personas de un clan rival, incluidas a mujeres y a 32 periodistas que iban con ellas.
La vista, que fue aplazada hace una semana a petición de la defensa, comenzó rodeada de fuertes medidas de seguridad en una sala especial de una prisión situada a las afueras de Manila.
El primer testigo en declarar, un empleado del poderoso clan de los Ampatuan, explicó que pudo escuchar cómo los cabecillas de esta familia planearon meticulosamente seis días antes la matanza para dar un escarmiento a Ismail Mangudadatu, su principal rival político.
Cuando fueron secuestradas, las víctimas se dirigían a formalizar la candidatura de Mangudadatu a gobernador de la provincia de Maguindanao, cargo que la familia Ampatuan controlaba desde hacia años con la aquiescencia del gobierno central y la ayuda de su particular ejército de matones.
Lakmudin Saliao declaró en el estrado que el patriarca del clan y ex gobernador de Maguindanao, Andal Ampatuan, reunió a miembros prominentes de la familia para decidir cómo impedir que su rival político se convirtiera en el próximo gobernador de esta provincia de la isla de Mindanao y una de las más míseras del archipiélago.
Según la versión del primer testigo, durante esa conversación uno de los vástagos del cabeza de familia al que identificó como Andal Ampatuan, dijo al resto de los congregados que deshacerse del rival era "muy fácil" y propuso "matarlos a todos".
El testigo explicó durante la vista que inicialmente el objetivo de los Ampatuan era asesinar al jefe del clan Mangudadatu, quien el día que se produjeron los hechos, optó por no unirse a la comitiva que tenía previsto presentar su candidatura a gobernador, un cargo que desempeña desde el pasado mayo.
El principal acusado y 16 policías vinculados al clan, los primeros que van a juicio de entre el total de 196 personas implicadas en la matanza, fueron conducidos al tribunal esposados y escoltados por decenas de agentes armados hasta los dientes.
El cacique del clan Ampatuan y otro de sus hijos, Zaldy, quien hasta su detención ocupó el cargo de gobernador de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, así como 25 miembros de la misma familia también están imputados.
El inicio del proceso se ha visto salpicado por denuncias de los grupos de derechos humanos y familiares de las víctimas sobre casos de acoso a los testigos, y críticas a las tácticas dilatorias de la defensa, que ha presentado hasta cuatro mociones para inhibir a la juez, Jocelyn Reyes.
La organización Human Rights Watch ha pedido al Gobierno máxima protección para los testigos después de que cinco de ellos hayan sido asesinados durante los últimos meses.
Suwaib Upham, uno de los sicarios que participó en la matanza y más tarde reveló detalles a la Justicia, murió acribillado a balazos el pasado junio tras decir que fue el principal acusado quien mató con su arma a la esposa de Mangudadatu, quien recibió 17 disparos a bocajarro, según la autopsia.
Los expertos en materia judicial han apuntado que el juicio se alargará varios años a causa de su complejidad, la estrategia empleada por la defensa y la cantidad de testigos llamados a declarar, cerca de medio millar.
El senador Joker Arroyo, uno de los más comprometidos con los derechos humanos, dijo esta semana, con cierta sorna, que debido al siempre lento funcionamiento del sistema judicial filipino, el proceso puede durar "hasta 200 años".
En las fosas comunes cavadas por los asesinos tras la matanza, el Ejército encontró cadáveres decapitados, algunos mutilados y entre estos los de varias mujeres que presentaban señales de que fueron violadas antes de morir.
Unos días después de la matanza, el Gobierno central impuso la ley marcial en Maguindanao y desplegó a las tropas para impedir que el ejército del clan Ampatuan se levantara en armas.
El Ejecutivo aseguró el pasado diciembre que desmantelaría las 132 milicias privadas que campan por todo el país, pero el Ejército ha reconocido que 112 continúan con sus actividad.
El actual presidente, Benigno Aquino, que asumió su mandato el pasado junio, anunció su compromiso con la defensa de los derechos humanos, aunque hasta el momento no ha tomado ninguna medida para la acabar con la impunidad de los grupos armados financiados por caciques, muchos de ellos vinculados a la política.
Durante años, el clan Ampatuan fue un aliado de la entonces presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo.