El Pleno del Congreso debatirá este jueves las enmiendas de totalidad presentadas por el PSOE e ICV en el Congreso para que el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente sea devuelto al Gobierno,
El Partido Popular aceptó a finales de mayo la petición de los grupos de la oposición, entre los que se encontraba el propio PSOE, de tramitar como proyecto de ley, sujeto a cambios, el decreto ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
Se trata de una normativa que el Gobierno ha justificado ante "el desorden legal" existente en la normativa española. Entre otras medidas, plantea una modificación de la Ley de Aguas, de forma que el Estado recupere la competencia sancionadora en la materia (policía hidráulica) en las confederaciones hidrográficas de las cuencas intercomunitarias.
En materia de protección ambiental, propone una modificación en la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con la que se pretende coordinar y simplificar las distintas figuras de protección que rigen sobre una misma hectárea, mientras que plantea la supresión de los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).
Además, sobre el sistema de subastas de derechos de emisión, este decreto incorpora la normativa europea y modifica así la de 1988 de Mercado de Valores, de forma que España pueda acceder a participar en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y en consecuencia, cumplir los compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto, según explica la norma.
Es más, especifica que tales modificaciones consisten en someter al control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los productos no financieros, como los contratos de contado a dos días, de las subastas de derechos de emisión, que comenzarán en el segundo semestre de este año, al mismo tiempo que otorga a la CNMV regular la competencia sancionadora en la materia.
ENMIENDAS PRESENTADAS
Así las cosas, la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE pretende, en primer lugar, eliminar este proyecto de ley por el que a su juicio se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la suspensión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, que en su opinión ha paralizado el avance de las energías renovables en España.
Igualmente, plantea la modificación de la Ley de Aguas para reforzar la gestión pública de los derechos concesionales, introduciendo el derecho del tanteo y retracto a favor de los organismos públicos de cuenca, evitando así cualquier tentación de mercantilización de los mismos y garantizando mejor los principio de precaución, recuperación de costes, información y participación ciudadana consagrados en la directiva europea de agua.
De hecho, dice que se concede especial atención a la gestión de las aguas subterráneas, y en concreto al plan especial del Alto Guadiana, para garantizar la actividad agrícola compatible con la correcta recuperación de los acuíferos, mediante una "normativa exigente y plenamente transparente", respetando el horizonte temporal establecido por la directiva europea.
Al mismo tiempo, reclama modificaciones el la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, para mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones, a través de un instrumento integrado que garantice la máxima protección ambiental, cuando se solapen distintas figuras.
"Se trata de avanzar de la manera más efectiva en el cumplimiento del objetivo de frenar, cuanto antes, la pérdida de biodiversidad, considerando la misma como un activo de gran valor en España, susceptible, entre otras cosas, de generar empleo en el medio rural", agrega.
En materia de residuos, el texto propuesto por los socialistas apuesta por el impulso del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, teniendo en cuenta su mayor adecuación en determinados supuestos, así como sus efectos positivos en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por último, en lo relativo a la implementación de la legislación comunitaria sobre subastas de derechos de emisión de CO2, el PSOE quiere que se establezca la obligatoriedad de aplicar los correspondientes ingresos al aumento de recursos presupuestarios del Fondo de Carbono, creado en la Ley de Economía Sostenible, a partir de este mismo ejercicio, ya que dichas subastas comenzarán en la segunda mitad de 2012.
UN DECRETO QUE RECENTRALIZA COMPETENCIAS
Desde ICV, piden la devolución del texto al Gobierno al considerar que este decreto se presentaba con el objetivo de agilizar y simplificar trámites administrativos, y consideran que en la práctica lo único que ha llevado a cabo es a una "recentralización de competencias y reducción de la protección de los espacios naturales y la sobreexplotación de los recursos hídricos".
En materia de agua, argumentan que el texto del Ejecutivo emprende cambios que van en contra de los principios de la directiva marco del agua europea, de ahorro, reutilización y eficiencia, a la vez que abre la puerta a la privatización y al mercadeo de los derechos sobre el agua en el Alto Guadiana.
En residuos, consideran que si la anterior normativa ya era poco ambiciosa, el planteamiento del Ejecutivo de suprimir el Sistema de depósito, devolución y retorno responde a un "secuestro" de los lobbies del reciclaje españoles y aleja a España de los objetivos y recomendaciones de la UE.
Sobre patrimonio natural, 'los verdes' señalan que esta ley abre la puerta a la desprotección del patrimonio natural sometiéndolo a intereses urbanísticos de algunos ayuntamientos, anteponiendo el modelo del ladrillo a las necesidades de protección de biodiversidad.
Por todo ello, proponen una modificación en la ley propuesta por el Ejecutivo para que se cumpla la directiva europea de agua en materia de masas de agua subterránea y en materia de policía hidráulica, plantea que la unidad de gestión no sea incompatible con que el estado deleguen en las comunidades autónomas estas competencias, como sucede en Cataluña desde hace más de dos décadas.
Sobre biodiversidad, pide que se cambie la ley para que prevalezca el criterio de máxima protección medio ambiental cuando coincidan sobre un mismo espacio varias regulaciones así como que se garantice la lealtad institucional y el reparto competencial entre administraciones públicas.
En cuanto a residuos, se propone la introducción progresiva del sistema de depósito y retorno de los envases, para ir más allá del voluntarismo que se ha aplicado hasta el momento y se den pasos decididos a un modelo aplicado con éxito en otros países europeos y que consigue reducir generación de residuos y aumentar reciclado y reutilización.