En un comunicado, el SPA quiere recordar a la juez que la libertad de información "es un principio recogido en la Constitución" y rechaza, por tanto, su prohibición porque "coarta significativamente ese principio". "La mordaza que intenta imponer Alaya no sólo podría calificarse de censura sino que es absolutamente ineficaz, ya que la imagen del testigo lleva semanas en periódicos, internet y televisión", afirma el SPA.
Además, añade que "la juez basa su auto en otro supuesto, falso a su juicio: que los medios son usados como instrumento de presión sobre el testigo por partidos e instituciones". "Nada más lejos de la realidad: se trata, ni más ni menos, que de informar y no hurtar a los ciudadanos detalles importantes de unos de los casos de corrupción más graves que se investigan en Andalucía", concluye.