"Esta postura que ha adoptado el Gobierno es el único camino ya no solo para defender la tauromaquia sino para defender el Estado de Derecho y el imperio de la ley", ha subrayado en declaraciones a Europa Press el socio de Cremades Calvo Sotelo y abogado de la Fundación Toro de Lidia, José Miguel Soriano.
Soriano ha aclarado que aunque la ley balear no prohíbe "directamente" las corridas de toros, como lo hacía la ley catalana que ya fue declarada inconstitucional el año pasado, "sí lo hace indirectamente" pues impide que se celebre el espectáculo "tal y como está concebido hoy".
"Establece una serie de modificaciones y manipulaciones tan sumamente esenciales, como la prohibición de dar muerte a los toros o el número de animales que se lidian, que modifica en sí la corrida de toros y la llega a prohibir como tal", ha subrayado.
Por ello, ha insistido en que se trata de "una invasión de competencias", tal y como ha expuesto el Consejo de Ministros este viernes de acuerdo con la ley para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, porque es competencia estatal "la regulación de todo lo que tiene que ver con la corrida de toros en sí misma".
"Si bien es verdad que las CCAA tienen competencias, la tienen únicamente en materia de seguridad, espectáculos públicos, como un partido de fútbol, pero en ningún caso tienen competencia para regular sobre el fondo del asunto, que es lo que ha hecho la comunidad balear", ha explicado.
Por ello, desde la fundación se han mostrado "contentos" con esta decisión del Ejecutivo y piden a los tribunales "que actúen con celeridad".