El pedido fue formulado ante la Primera Sala Penal Especial de la Corte de Lima el pasado 6 de septiembre, unos días después de que el Ejecutivo promulgara este decreto, que fue derogado ayer en el Congreso peruano tras 14 días de vigencia.
Los ex altos jefes militares y los integrantes del grupo Colina, creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) para combatir el terrorismo, son juzgados por las matanzas de Barrios Altos (1991) y El Santa, así como la desaparición del periodista Pedro Yauri, estos últimos hechos ocurridos en 1992.
Los acusados, entre ellos el ex general Julio Salazar Monroe, antiguo jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), así como el jefe operativo del Colina, Santiago Martin Rivas, apelaron hoy la decisión de la Primera Sala Penal Especial de Lima, presidida por la jueza Inés Villa Bonilla, informaron medios locales.
El viernes próximo se tenía prevista la comparecencia de Federico Navarro, presunto integrante de Colina, pero éste se reportó enfermo, lo que obligó a reprogramar la última sesión de la fase oral del proceso para el viernes 24 de septiembre.
Una vez culminada la fase oral, el tribunal tiene 5 días para dictar sentencia.
El decreto legislativo 1097, que fue derogado ayer por el Congreso en una sesión extraordinaria, permitía sobreseer las causas por violaciones a los derechos humanos si en 36 meses, desde la instrucción, no se dictaba sentencia.
Además, indicaba que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad regía para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003, cuando el país se adhirió a ese convenio.
Durante los días que tuvo vigencia este decreto varios ex militares acusados de cometer violaciones a los derechos humanos durante los años del terrorismo (1980-2000) pidieron acogerse a la norma ahora derogada, una decisión que ha quedado en manos de los jueces.